En el segundo día de audiencia preliminar del proceso penal promovido al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes Morales y otros 13 acusados, la Fiscalía General de la República comenzó a exponer sus alegatos con los que plantea un caso fundamentado en pericias, testimonios y documentos sobre la sustracción de fondos públicos.
La Fiscalía pretende que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador les admita peritajes sobre precios de inmuebles a nombre de los acusados.
Expertos indagaron las sociedades Terrein S.A. de C.V., EKO Lime S.A. de C.V. y Lubbex S. A. de C.V., que según el ministerio público fueron creadas para legalizar fondos obtenidos de forma ilícita.
Las dos primeras fueron constituidas entre el 2011 al 2015, años en los que Reyes Morales, fue presidente de la Asamblea Legislativa.
Otros informes tienen que ver con el patrimonio de tres exempleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), analizaron el perfil económico de René Antonio Díaz Argueta, exgerente general de esa institución, Delmy Beatriz Vela Jiménez, exjefa del departamento de Inmuebles y Jeny Elizabeth Medina, excoordinadora de ventas.
Con ese peritaje la Fiscalía traza los lazos y beneficios económicos que supuestamente hubo en la venta de cinco lotes en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, a la empresa Terrenos e Inversiones (Terrein S.A. de C.V) propiedad de Sigfrido Reyes y Byron Larrazábal.
En el expediente se menciona que los exfuncionarios del Ipsfa devaluaron los cinco inmuebles para favorecer a la sociedad Terrein S.A. de C.V. propiedad del exdiputado y que se pagara hasta $60 menos por cada vara cuadrada.
La Fiscalía acusa a los 14 imputados por peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. El principal acusado en el expediente es Sigfrido Reyes, el exlegislador que vive en México y tiene orden de captura desde febrero de 2020.
