En el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio inició ayer la audiencia preparatoria en el proceso de extinción contra Alfonso Prado Padilla Marcia y su grupo familiar, demandados por el incremento patrimonial no justificado de $867,684.28.
El expediente de la Fiscalía General de la República detalla que son 27 bienes los cautelados al grupo familiar. La inmovilización comenzó en enero de 2021 «luego de que un testigo informara que el Programa Normandi de la MS-13 tenía inversiones en negocios, bienes inmuebles, vehículos y en un autolote denominado Prado, ubicado en la ruta militar de San Miguel Centro», explicó el ministerio público.
Las lujosas propiedades están ubicadas en la residencial El Sitio, en San Miguel, y otras situadas en diferentes puntos de San Salvador y La Libertad.
La Fiscalía busca que el proceso pase a la siguiente etapa de sentencia donde se espera que los bienes pasen al Estado.
«Como parte de las diligencias fiscales se realizó un análisis patrimonial en el que se determinó la existencia de bienes inmuebles con valor de adquisición que no coincidieron con lo declarado por el afectado ante la administración tributaria; por lo tanto, que se concluyó que hubo un incremento patrimonial no justificado», detallaron las autoridades fiscales.
