La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de imposición de medidas contra 55 delincuentes -32 presentes y 23 ausentes- que son procesados por los delitos de estafa, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, así como por hurto por medios informáticos, todos fueron detenidos en el marco de la segunda fase de la investigación denominada «Escudo virtual».
Esta petición fue presentada por el equipo de fiscales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador donde fue solicitado que los acusados continúen en detención provisional y pasen a la siguiente etapa procesal. Todos son señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada a cometer ilícitos digitales.
Respecto a este caso, el ministerio público cuenta con más de 2,000 denuncias de afectados que en total suman un perjuicio económico que supera los $215,000.
La Fiscalía sostiene que «parte del dinero captado de las víctimas fue convertido a criptoactivos y se ha vinculado a billeteras digitales. Otra parte se utilizó para compras o mover el dinero en efectivo. Además, realizaban transferencias personales entre diferentes bancos con el objetivo de ´perder rastros´» para no ser detectados.
MODO DE OPERAR DE LA RED CRIMINAL
Se ha establecido que el grupo criminal operaba bajo el mando de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores. Entre los acusados hay un colombiano, un mexicano y el resto son salvadoreños.
Bajo esta misma modalidad de delinquir -84 capturas se efectuaron hasta septiembre en la primera fase de la investigación-, los imputados utilizaban redes sociales y plataformas de aplicaciones como Telegram para reclutar a personas que servían como enlace para transferir dinero en cuentas bancarias a través de bancas electrónicas.
Fuentes fiscales han señalado que «también creaban falsas promesas de entrega de maletas para engañar a las víctimas y haciéndose pasar por familiares o conocidos»; en otros casos, ofrecían oportunidades para invertir en la Bolsa de Valores; ofertaron empleos de gestores de cobros y diseñaban falsos sitios web que simulan páginas de entidades financieras, bien posicionadas en motores de búsqueda.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que algunos acusados lavaban dinero a través de la compra de tarjetas de juego, las cuales eran vendidas a un valor menor del adquirido.
La FGR advierte que cuenta con abundante prueba documental, pericial y testimonial para establecer la participación de los imputados en los hechos delictivos.
