Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, ratificaron su petición para que los bienes y dinero decomisados a la facción sureña de la pandilla 18 del Puerto de La Libertad, pasen al Estado.
En sus alegatos finales le expusieron al juez que todo lo decomisado en la denominada «Operación Tsunami», es producto de actividades de crimen organizado.
La pretensión es que 17 inmuebles, entre los que hay viviendas, locales comerciales, vehículos, microbuses y autobuses sea entregados de forma definitiva al Estado, además de 19 cuentas bancarias con aproximadamente $54,000, fondos que están congelados. En total, son $360,418.81 obtenidos por la pandilla, dinero que luego fue lavado a través de testaferros.
Los fiscales confirmaron al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio que se trata de una investigación que inició ante una serie de actividades ilícitas de esa estructura de la pandilla 18 que operaba en el Puerto de La Libertad y donde varias personas vinculadas a esa organización tuvieron un incremento en sus bienes
En los balances patrimoniales detectaron que tenían muchos bienes sin tener fuentes de ingreso y que como testaferros lavaban el dinero producto de las extorsiones (comprando bienes inmuebles y vehículos), tráfico ilícito, tráfico de drogas y otros delitos consumados por la pandilla 18.
