La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda para la disolución de seis sociedades relacionadas a Gerardo Quijada Orellana, alias «Mr, Miyagi» y su grupo familiar, quienes enfrentan dos procesos por estafa agravada y otros ilícitos.
La fiscal del caso detalló que las sociedades que se solicita sean disueltas son: Racing Sport Team S A. de C.V.; Racing Sport Motor’s S.A. de C.V.: Automart S.A. de C.V; Motores y Vehículos S.A. De C. V.; Llantas y Aacespr S.A. de C.V. y World Tire S.A. de C.V.
La demanda presentada tiene como base el Código de Comercio, el cual contempla que aquellas sociedades administradas por personas que son investigadas por la vía penal deben ser liquidadas y disueltas.
«Esta solicitud de disolución y liquidación de las sociedades tiene motivo o razón de ser en virtud de lo que dispone ya el Código de Comercio, ya que las personas que administraban estas sociedades en ese momento son objeto de una investigación penal a raíz de la cual se ha podido advertir que las sociedades como tal han incurrido en actuaciones, en cometimientos de actuaciones ilícitas», explicó la representante fiscal.
Agregó que la ley ya determina específicamente que cuando se logran advertir esas situaciones las personas jurídicas, es decir, las sociedades deben de ser declaradas disueltas y liquidadas.
«Las actuaciones ilícitas a las que hice mención fueron constituidas o fueron cometidas por un grupo en particular que son los que se encargaban de realizar lo que era la administración de esas sociedades», mencionó.
La fiscal aclaró que una vez disueltas las sociedades, el juez nombrará un liquidador, quien quedará a cargo de la administración de las entidades, a fin de finiquitar todos los activos y pasivos de las mismas.
Los imputados son: Gerardo Quijada Orellana; Mirna Elena Suncín de Quijada; Jason Gerardo Quijada Suncín; Jorge Alberto Alemán Cruz; María Elena Quijada Suncín; María Julia Suncín; Jennifer Marcela Suncín y Gladys Elena Suncín González.
Las investigaciones señalan que los imputados rentaban inmuebles en donde funcionaban sus talleres, para el trámite del alquiler utilizaban documentos falsos y ya instalados incumplían los cánones de arrendamiento (dejaban de pagar).
Se estima que el monto defraudado asciende a $1,330,000.00 en perjuicio de 6 víctimas y tres sociedades.
El cabecilla de esta estructura, Gerardo Quijada Orellana ya fue condenado a seis años de cárcel por el delito de estafa.
