El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolverá la prueba que admitirá en el proceso que la Fiscalía promueve a Daniel Quezada Fernández, conocido como «el Gordo» o «Don Dany», condenado en el 2015, por ser el cabecilla de una red de narcotráfico que ingresaba droga al país desde Nicaragua.
«El Gordo Quezada» como le dicen en el oriente del país, fue investigado desde septiembre del 2006, por un equipo de fiscales en el caso denominado «Playas Negras» y su detención fue ejecutada el 29 de noviembre de 2013 durante el Plan Camaleón, en la playa El Tamarindo del departamento de La Unión.
En las indagaciones, los fiscales descubrieron que los cargamentos de cocaína eran transportados en lanchas rápidas y desembarcadas en el Hotel Playas Negras, quien en ese entonces era propiedad de la cónyuge de Daniel Quezada, después la droga era trasladada hacia la zona de Zapotitán, lugar en donde realizaban las transacciones con guatemaltecos, en una hacienda adquirida por Quezada.
En la audiencia preparatoria, el ministerio público ratificó su pretensión ante el juez, para que pasen al Estado 24 inmuebles, tres vehículos e igual cantidad de cuentas bancarias, que en total hacen un monto de $402,353.95.
Esta diligencia que va continuar el 22 de enero de 2026, básicamente sirve para definir la prueba que se va admitir para la audiencia de sentencia que es la última del proceso de extinción de dominio.
Los fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio argumentan que los bienes y el dinero son producto de actividades ilícitas y no se justificó la procedencia.
Quezada Fernández y demás personas fueron procesadas por tráfico ilícito y lavado de dinero. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador le impuso tres años de prisión por narcotráfico y cinco años por lavado de $3 millones, la última pena fue el 23 de diciembre de 2015. También condenaron a su esposa, Gloria Argentina Medrano de Quezada, Misael Herrera López y Luis Silverio Mata Márquez.
Luego de esas condenas «El Gordo Quezada» fue capturado nuevamente por la Policía Nacional Civil (PNC), el 4 de abril de 2020, tenía dos órdenes de captura por los delitos de amenazas con agravación especial y tenencia portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
La primera vez que lo capturaron fue en 2009 por delitos relacionados al narcotráfico, por dirigir una banda criminal integrada por oras 18 personas también detenidas, pero un juez del oriente del país lo liberó argumentando falta de pruebas, pero tras la segunda detención en 2013, fue condenado en San Salvador por el Tribunal Cuarto de Sentencia.
