Gobierno del FMLN desvió fondos de seguridad para 67 drones con fallas

El segundo —y último— gobierno del FMLN, dirigido por el ahora prófugo Salvador Sánchez Cerén, impuso en octubre de 2015 la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), que gravaba con un 5 % a las empresas telefónicas y usuarios, con la finalidad de disponer de recursos para el combate de las estructuras delincuenciales y prevenir el delito.

Sin embargo, una reciente auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) reveló que la Policía Nacional Civil (PNC) del último gobierno efemelenista cambió el destino de $137,728.00 que le fueron asignados en el segundo y el tercer trimestre de 2018, que eran para financiar el suministro y la instalación de un circuito de seguridad, y los gastó en la compra de 67 drones.

«[Los recursos] fueron reorientados para la compra de drones, por lo que se utilizaron recursos para fines distintos a los previamente aprobados, no encontrando evidencia de que el titular de la entidad [la vieja PNC] aprobara dicha reorientación de fondos», se expone en la página 36 del examen especial practicado por la Dirección de Auditoría Dos del ente contralor.

Además de hacer una reorientación ilegal de recursos, las autoridades policiales violaron la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) al fragmentar la compra para evitar el proceso de licitación y adquirir los drones bajo libre gestión, según demostró la CCR.

«Los contratos de los dos procesos fueron celebrados en la misma fecha a los 20 días del mes de diciembre de 2018, lo que evidencia el fraccionamiento ya que se suscriben dos contratos con un mismo proveedor para la adquisición de un bien de la misma naturaleza», señaló la auditoría, y determinó que los dos procesos de compra le fueron adjudicados a la empresa Duración en Electrodoméstico, S. A. de C. V.

Aparte de haber cambiado el destino final del dinero sin autorización, y violando la Lacap, las 67 tabletas adquiridas también con esos $137,000 (que eran para controlar los drones) no funcionaron debido a la incompatibilidad de «software», y tampoco hay evidencia de que la empresa que suministró los equipos los haya sustituido, según la auditoría.

Además, señaló que en el inventario de la PNC hacía falta un dron (cuyo precio ronda los $1,974) y se desconoce el uso y destino final de otro. «Se identificó un dron extraviado y uno en reparación, de los cuales no se han realizado las gestiones adecuadas para la determinación de responsables», se reafirmó en la página 67 de la auditoría.

A pesar de que el FMLN dispuso, casi desde el inicio de su segundo gobierno, de recursos para el combate de las pandillas —gracias a la contribución especial a la telefonía—, nunca reportó la captura de miles de pandilleros, como ha hecho la administración de Nayib Bukele.

Tampoco el segundo gobierno efemelenista logró una reducción sostenida de los homicidios, como ocurre actualmente con la implementación del régimen de excepción y el desarrollo del Plan Control Territorial (PCT).

Pero ahora que el Gobierno del presidente Bukele impulsa dichas acciones de seguridad pública, como el estado de excepción, los diputados del partido rojo niegan nuevamente, como ocurrió el miércoles pasado en la sesión plenaria de la Asamblea, sus votos para prorrogarlo, y tampoco han dado su respaldo para financiar el PCT, del que ya se aplica la quinta fase, denominada Extracción, en Soyapango y dos comunidades de San Salvador.