El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una propuesta para crear un marco normativo que regule los incentivos económicos y sociales para la atracción, promoción y protección de la diáspora salvadoreña; y para establecer la institucionalidad necesaria para el desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a la movilidad humana.
Ernesto Castro, presidente del congreso, dio ingreso formal a la pieza de correspondencia enviada por el Ejecutivo a través de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, con la propuesta de creación de la «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana».
La misma consta de 43 artículos, en los cuales se plantea el establecimiento de un «Mecanismo de coordinación nacional sobre movilidad humana»; es decir, un espacio de coordinación, diálogo, intercambio de experiencias y de cooperación nacional e interinstitucional, para crear y adoptar políticas y acciones relacionadas con la movilidad humana.
Dicho mecanismo estará integrado por una mesa de trabajo interinstitucional, dirigido por Cancillería a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. Las otras instituciones parte de la mesa serían los ministerios de Seguridad Pública y Jusiticia, de Hacienda; de Trabajo y Previsión Social, así como la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador, el Consejo nacional de la niñez y la adolescencia, y la Procuraduría General de la República.
El mecanismo tendrá entre sus facultades la regulación de algunos beneficios que ya existen y se establecieron en decretos legislativos emitidos anteriormente, como la exoneración del pago de impuestos por la introducción de muebles y enseres para el hogar que no excedan los $100,000; la introducción de dos vehículos por familia; y por el ingreso de implementos que sean indispensables para la actividad laboral, siempre y cuando no excedan los $100,000, incluidos vehículos.
Dentro de los alcances del nuevo marco regulatorio propuesto se establece también la responsabilidad del Estado de promover, articular y facilitar las inversiones de la diáspora en El Salvador, a través de la creación de programas y proyectos conjuntos que fomenten dichas inversiones.
Además, se resalta el derecho que tienen los connacionales retornados de ingresar al sistema financiero, para recibir los servicios de la banca, como apertura de cuentas de ahorro o transferencias siempre y cuando no se trasgredan otras normas, como la Ley contra el lavado de dinero.
En la normativa a estudiar se establece un apartado para promover la integración laboral de los salvadoreños retornados, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, y se faculta a Cancillería para ejecutar los Programas de movilidad laboral, para beneficiar a los salvadoreños que residen dentro o fuera del país, con oportunidades en el exterior.
Otros aspectos que regulará dicha ley son la asistencia humanitaria, la repatriación de restos humanos, y un mecanismo de búsqueda y localización de familiares desaparecidos en el exterior.
La propuesta sería estudiada el próximo martes por los diputados de la comisión de salvadoreños en el exterior.
