La ONG internacional pseudodefensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) atacó nuevamente el régimen de excepción, medida constitucional que está vigente en El Salvador desde marzo del año pasado para combatir a las pandillas que han matado y extorsionado a miles de salvadoreños honrados.
«El presidente Nayib Bukele adoptó un régimen de excepción con el que han sido detenidas más de 61,000 personas desde marzo de 2022 sin garantías de debido proceso. Esa no es una respuesta adecuada a un problema de inseguridad», cuestionó Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW, sin lamentar las víctimas que las pandillas provocaron en los 30 años de gobiernos de ARENA y del FMLN.
Las autoridades de seguridad pública de El Salvador han reportado que las personas capturadas con el régimen de excepción pertenecieron o son integrantes activos de estructuras delincuenciales, y los procesos penales en su contra son producto de investigaciones o denuncias de la población.
El Gobierno ha reconocido que hay casos de personas que quedan libres al comprobarse que no tienen vinculación con los grupos criminales. Meses atrás, esa misma ONG —junto con medios de comunicación nacionales e internacionales— argumentó que el régimen de excepción había generado la vulneración de derechos humanos y que ese mecanismo era ineficiente para garantizar la seguridad pública.
Pero los resultados evidencian lo contrario, y esos mismos medios han comenzado a reconocer la efectividad del régimen de excepción, que se ha traducido en una drástica reducción de los homicidios, que fue uno de los principales problemas de seguridad en los gobiernos anteriores.
