Autoridades de diversas entidades gubernamentales llegaron, este lunes, a la residencial Ciudad Marsella 2, ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro, para inspeccionar muros, sistemas de drenaje y evaluar daños materiales en cada vivienda afectada por las lluvias, el sábado anterior.
Personal de Protección Civil, Obras Públicas, ministerio de Vivienda y otras instituciones, están trabajando articuladamente para determinar los daños estructurales y brindar apoyo a las familias que perdieron sus camas, muebles, cocinas y otras pertenencias y que, además, han denunciado irregularidades de la constructora Salazar Romero, al entregarles viviendas sin apenas disponer de agua y energía eléctrica y sin calles de acceso terminadas.
El gerente de proyectos del ministerio de Vivienda, Erick Montoya, expresó que han inspeccionado pozos de todo el sistema hidráulico de aguas lluvias del «Quartier» 11 donde al menos 20 casas quedaron anegadas. Además se evaluará la capacidad hidráulica y estabilidad de taludes contiguos a quebrada existente entre «Quartier» 11 y 13.
«La empresa, por sus propios medios, con sus propios recursos, está haciendo la limpieza de pozos, cajas de conexión y tuberías de aguas lluvias. Junto al equipo del MOP, al equipo de Protección Civil, estamos trabajando, viendo que esto se ejecute de la mejor manera», dijo Montoya.
A su vez, el ministro Romeo Rodríguez, dijo que hay varias afectaciones en el lugar, «debido a que hay trabajos inconclusos y de alguna manera, ha afectado la red de drenajes en esta segunda etapa de construcción».
«El agua lluvia se tuvo que haber drenado de manera subterránea, a través de las tuberías, y eso no sucedió. Y eso no sucedió por varios motivos, los cuales se están revisando, a través de la información que ha solicitado el Ministerio de Vivienda a la OPVSA, y también a la empresa Salazar Romero, que se le ha dado un plazo de 24 horas para que entregue toda la información pertinente».
La ministra Michelle Sol, explicó que se ha solicitado el expediente completo de permisos del proyecto, diseños de ingeniería y memorias de cálculo, recepciones de obras de urbanización y viviendas, entre otros documentos.
Familias reportan altas pérdidas
Técnicos de la Defensoría del Consumidor, así como personal de Vivienda, iniciaron un censo de las familias afectadas para determinar y evaluar los daños.
Stefany García, una de las afectadas, afirmó que sus pérdidas ascienden a $4,000 y que ha optado por devolver la vivienda; mientras que otro afectado, Carlos Reyes, manifestó que sus pérdidas superan los $8,000.
García dice que ya no está interesada en adquirir otra vivienda en dicha residencial. Por otro lado, Reyes aún está a la espera de la solución de la constructora para una reubicación.
El Gobierno ha tomado medidas para velar por los derechos de los afectados. Entre los lineamientos está que la constructora debe cubrir el 100 % de gastos por daños materiales de cada familia; se prohíbe a Salazar Romero y sus empresas aliadas (Global Developers) que hagan cobros a las familias en concepto de «crédito inicial»; y no se dará más créditos del Fondo Social para este proyecto y otros de la constructora.
Las autoridades se han comprometido a tomar en cuenta las denuncias de irregularidades y cobros excesivos que se están generado en otros proyectos habitacionales de esta y otras constructoras para investigaciones futuras.
Para el caso, la constructora Salazar Romero «presiona a las familias para que habiten las viviendas sin estar terminadas y comiencen a pagar cuotas entre $500 y $600 directamente a la empresa, antes de que exista un crédito formal aprobado (por el FSV). Esta práctica es abusiva y debe detenerse de inmediato», publicó el ministerio de Vivienda.
