La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó este lunes que un Juzgado nombró un interventor que será el encargado de trabajar con la finalidad de agilizar las escrituras de propiedad a cientos de familias que fueron estafadas por años por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
La funcionaria detalló que se trabajará en atender a las familias que pagaron sus lotes y no tienen sus escrituras de propiedad, pagar a los propietarios de los inmuebles su porcentaje correspondiente de la venta de estas lotificaciones y continuar tramitando los cobros a los usuarios que aún están pagando terrenos, garantizando su seguridad jurídica.
Sol indicó que Argoz tiene nueva administración y destacó que, en el Sistema de Vivienda, están dando seguimiento y asesoría técnica para agilizar la entrega de escrituras.
La titular de Vivienda explicó que las lotificaciones en administración corresponden a seis sociedades de Argoz en las que identificaron y se dividen en: sociedades en quiebra 8%; título personal de la familia Farfán 3%; regularizadas 6%; en proceso de regularización 2% y lotificaciones irregulares sin ningún proceso iniciado 80%.
Agregó que la regularización es el primer paso para legalizar una lotificación, y que con este proceso se le otorgan los permisos de vender cada porción de terreno y se garantiza que el lotificador podrá dar escrituras a las familias cuando paguen sus parcelas.
«¡Muy pronto, se les comunicará la reapertura de Argoz!», anunció Sol en la red X.
El caso
En diciembre pasado, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado ordenó cárcel para ocho personas señaladas de estafas cometidas en la venta ilegal de terrenos por parte de la lotificadora Corporación Argoz S.A. de C.V., siendo los principales acusados Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán. La Fiscalía detalló que atribuyeron 49 cargos contra ocho personas, por irregularidades en 116 lotificaciones a lo largo de más de 25 años.
Las investigaciones de la FGR revelaron que Argoz otorgaba inmuebles a precios accesibles, entre $1,000 y $5,000, con facilidades de pago. Para tal fin, se elaboraron contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes los afectados cancelaban en mínimas cuotas.
Una vez terminaban de efectuar todos los pagos, los ciudadanos intentaban registrarlos en el Centro Nacional de Registros (CNR) donde les informaban que no podían hacerlo porque los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz, esa fue la misma trama que enfrentaron miles de personas desde mediados de los años 90.
