El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador realiza audiencia de revisión de medidas a Carlos Armando Miranda Díaz, expagador del Estado Mayor Presidencial acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero.
El imputado había estado huyendo desde que la Fiscalía General de la República judicializó el expediente en el Juzgado Quinto de Paz, el 22 de agosto de 2022, en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros 17 acusados de corrupción.
Según la acusación, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019, los procesados desviaron fondos de la partida presupuestaria Gastos Reservados por un monto de $183,860,715.02. También se habrían apropiado de $3,968,547.19 que ingresaron como donación de Taiwán.
El caso está en la fase de instrucción y, entre los acusados, también hay dos empresarios junto a los exempleados y exfuncionarios del gobierno del expresidente prófugo, quien, junto a su familia, está asilado en Nicaragua.
Para Miranda Díaz, la defensa ha solicitado al juzgado que se le decreten medidas alternas a la detención por el delito de lavado de dinero que el ministerio público le atribuye. Los demás imputados también son señalados de ese ilícito y también por peculado.
En el expediente, la representación fiscal habla de una compleja red que los imputados crearon dentro de Casa Presidencial (CAPRES), para apropiarse de dinero que el Ministerio de Hacienda transfirió para el rubro de la partida de Fondos Reservados de la Presidencia. Los fondos fueron desviados hacia personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial el Estado.
Entre los principales acusados figura el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político. También son acusados Carlos Guardado y el teniente coronel, José Saúl Osorio Rodríguez, quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia.
En este mismo caso es procesado el empresario Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, por lavado de dinero, es una de las personas a quien le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito bajo ese rubro.
Además, es acusado de peculado y lavado de dinero Manuel Arturo Ayala Orellana, quien fungió como director ejecutivo de la Presidencia en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, en los períodos 2009-2014 y 2014-2019.
