Para la abogada Tahnya Pastor es prioritario para la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa para sentar un precedente en el combate a la corrupción en El Salvador. La abogada también enfatizó que durante muchos años el parlamento salvadoreño ha utilizado sus facultades para legislar con el único fin de generar impunidad en el país.
Pastor remarcó que durante muchos años ha sido un secreto a voces la existencia de plazas fantasmas al interior del Legislativo. Además, la abogada enfatizó que no se trata propiamente de plazas que no estén autorizadas o que no existan en la planilla del Legislativo, sino más bien que fueron asignadas que nunca realizaron el trabajo por el cual devengaron un salario proveniente de fondos públicos.
«No es cuestión de que sean plazas fantasmas. Son plazas que están ahí en la planilla de la Asamblea, pero que se asignaron a personas que nunca hicieron ese trabajo. Es más bien un trabajo fantasma por el que se cobró un salario», comentó.
«Han utilizado contratos laborales de la manera más baja posible, para entregarle dinero a amigos y familiares dentro de la Asamblea. Esto solo es el principio. Tenemos también la cuestión de los viáticos y seguros médicos de los diputados, a través de los cuales se han malgastado los recursos de los salvadoreños», agregó.
Ausencia de justicia por muchos años
Para Pastor, han sido demasiados años los que se ha tenido una ausencia de justicia en el caso de las plazas fantasmas en el Legislativo. Sin embargo, aseguró que esta es la oportunidad para sentar un precedente en el combate a la corrupción en El Salvador, por lo que se vuelve necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) logre condenas por estos hechos.
«A mí me gusta creer en los procesos. Pero no podemos confiarnos de los funcionarios. Todos saben que yo misma interpuse un recurso de inconstitucionalidad contra la elección del actual fiscal general, primero por idoneidad para el cargo y segundo por sus vínculos materiales con el partido ARENA. En El Salvador es necesario sentar un precedente en estos casos», dijo.
Posibilidad de judicializar casos desde 1 de mayo
De igual forma, destacó que muchos de los actuales diputados están por terminar su período al interior del parlamento, lo que implica que ya contarán con fuero constitucional y quedarán expuestos a que se abran procesos penales en su contra sin necesidad de un proceso dentro de la misma Asamblea Legislativa.
«Es importante que desde el 1 de mayo muchos ya no van a tener el fuero constitucional y se abre una ventana importante para iniciar muchos procesos de casos anteriores y que aún no han prescrito. Hay que contabilizar las reglas de la prescripción, sin embargo, hay casos que se pueden promover ya, como el del caso del diputado (Norman) Quijano, en el que la Fiscalía ya estaba lista pero no pasó por la misma Asamblea», señaló.
Finalmente, Pastor señaló la importancia de que existan medios de comunicación alternativos y la capacidad de las redes sociales para informar a la población sobre la malversación de fondos que han cometido las diversas instituciones estatales. «Antes nos tenían acostumbrados, a que, si se amenazaba statu quo, se hacían cortinas de humo», comentó.
Allanamiento en la Asamblea
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó la sede central de la Asamblea Legislativa, ubicada en el Centro de Gobierno de San Salvador, para secuestrar información e iniciar la investigación de las plazas fantasmas en ese órgano del Estado. El allanamiento de la FGR inició casi a la 1:00 de la tarde y fue dirigido por el director de la Unidad contra la Corrupción e Impunidad German Arriza, quien explicó que el proceso fue autorizado por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
El pasado 10 de marzo, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) denunció que, de las 2,400 plazas en total de la Asamblea, al menos 1,200 son fantasmas, mientras que, entre el viernes pasado y este lunes, los presidentes de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce y Norman Quijano reconocieron la existencia de ese tipo de contrataciones.
