Un terrorista de la Mara Salvatrucha que amenazó a una víctima con régimen de protección para que dejara su casa, fue condenado a 28 años de prisión por dos delitos que la Fiscalía General de la República le probó en vista pública.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana luego de analizar variedad de prueba que contenía el expediente y la cual fue discutida durante la vista pública.
Al marero condenado lo identificaron solo con las iniciales de I.J C., quien según un informe de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es un homeboy de la MS que había estado delinquiendo en el departamento de Sonsonate.
En el juicio el tribunal recibió pruebas de la Fiscalía por los delitos de limitación ilegal a la libertad de circulación, afectando a una víctima bajo régimen de protección, y de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Cuando el tribunal comenzó a revisar el primer delito, consideró que debía ser sentenciado a ocho años de cárcel, ya que según el ministerio público, en el 2023, amenazó a una persona en Sonsonate para que abandonara la colonia donde residía.
Le advirtió que no la quería volver a ver en ese sector, ni tampoco a miembros de su núcleo familiar, ante lo ocurrido, la víctima decidió acudir ante las autoridades para que investigaran el caso y que el pandillero fuera detenido ya que representaba un peligro y temía que fuera a cumplir con la amenaza.
Además de la limitación ilegal a la libertad de circulación, el juez de la causa decidió condenarlo 20 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que se acreditó sobre su participación activa en la estructura terrorista, totalizando una condenada de 28 años.
En el expediente se presentó un perfil de la actividad delictiva que el marero realizaba como integrante de la Mara Salvatrucha, al tribunal no le quedó ninguna duda de la participación activa en la MS.
El juez le aplicó las reformas que hizo la Asamblea Legislativa en marzo de 2022, que sanciona con pena mínima de 20 años la pertenecía a una pandilla, además que fue detenido en el marco del régimen de excepción que está vigente en El Salvador.
La declaración de la víctima también fue determinante para que el tribunal emitiera una sentencia condenatoria y que pase en prisión por los dos ilícitos que la Fiscalía acreditó.
