La Fiscalía General de la República (FGR) logró que diferentes tribunales a escala nacional condenaran el año anterior, a un total de 548 imputados en diferentes modalidades del delito de estafa.
El reporte del ministerio público da cuenta que la mayoría de sentenciados fue por estafa con 409 implicados, por estafa agravada fueron 125 condenados, mientras que por estafa informática se totalizaron 14 condenas.
Entre los sentenciados está David Antonio Moreno Castro, quien purga una condena de 30 años de prisión por haber estafado a 13 víctimas, con más de $70,000. El delito se cometió entre mayo y diciembre de 2022 en San Salvador.
De acuerdo a las pruebas que se presentaron en juicio, Castro convenció a sus víctimas para que invirtieran en una supuesta billetera electrónica y les ofreció sustanciosas ganancias; las víctimas le depositaron cantidades entre $20, $100 y hasta $15,000.
Al pasar varios meses, los afectados comenzaron a pedirle al imputado el dinero invertido, pero él les indicó que había tenido problemas con el negocio y nunca devolvió la inversión.
La sentencia respondió a la apelación que hizo la Fiscalía ante la Cámara Primera de lo Penal, la cual modificó la primera sentencia -de 5 años de cárcel- emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La Cámara validó la acusación y mantuvo la responsabilidad civil por $97,048.00.
Otro estafador es Franklin Alcides Merino, a quien el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le decretó 14 años de prisión. El ilícito se cometió entre el 2020 al 2022 en Ilopango.
Según la investigación, el imputado hacía creer a los afectados que importaba vehículos para ser reparados en su taller y luego venderlos a precios bajos.
El imputado engañó a siete víctimas con esa estrategia, solicitó anticipos y les dio plazos para la entrega de los autos; sin embargo, el plazo se venció y las personas afectadas comenzaron a solicitarle el vehículo o el reintegro del dinero.
El imputado los mantuvo con excusas y nunca devolvió el dinero. De acuerdo a la investigación, nunca importó los automotores.
La Fiscalía informó que Merino está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) cumpliendo otra condena de quince años que fue impuesta en agosto de 2024 por el mismo delito en perjuicio de dos víctimas.
Acciones contra los estafadores
En múltiples ocasiones, el Gabinete de Seguridad Ampliado ha reiterado su compromiso con los salvadoreños con el objetivo de proteger sus bienes de las diferentes estructuras delincuenciales.
En el marco del constante trabajo de las autoridades para salvaguardar a la población, en septiembre del año pasado desarticularon una red transnacional que se dedicaba a estafar a través de mensajes enviados por distintas redes sociales y plataformas digitales.
En esa oportunidad, el fiscal general Rodolfo Delgado, explicó que el caso denominado «Escudo Virtual» se originó en mayo de 2025 y que el objetivo era desarticular una estructura criminal dedicada a la estafa, hurto informático y el lavado de dinero y activos que delinquía desde Colombia.
«Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de que El Salvador no será refugio de criminales. No importa su origen ni las justificaciones que utilicen estos delincuentes, nuestra obligación es proteger la economía y garantizar la tranquilidad de las familias salvadoreñas. Por ello, respondemos con firmeza y con resultados contundentes de esta naturaleza», enfatizó el titular de la Fiscalía, en esa ocasión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, agregó que las investigaciones se iniciaron a raíz de la visita de uno de ellos (cabecillas colombianos) a El Salvador.
Indicó que el extranjero aterrizó en Guatemala e ingresó a nuestro país vía terrestre, «según él venía a solventar un problema con una cuenta, la cual a propósito había sido congelada para que se presentara y nosotros proceder a la captura», reveló el funcionario, en esa conferencia de prensa.
«Lo que nos corresponde es aplicar las leyes salvadoreñas y para estos que no están en territorio salvadoreño, vamos a emitir órdenes de captura internacional con difusión roja para poder intervenirlos en cualquier país donde se quieran mover, porque ya los tenemos identificados», dijo Villatoro.
Estafaban con visas de trabajo
En diciembre del año pasado, la FGR junto con la Policía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Embajada de ese país en El Salvador, así como la Fiscalía de Colombia desbarataron una estructura que se dedicaba a estafar personas prometiéndoles tramitarles visas de trabajo de los EE. UU.
La investigación reveló que los imputados contactaban a sus víctimas, a través de redes sociales y desde el 2021, ofrecían tramitarles visa norteamericana para trabajar en distintos proyectos.
Hasta el año pasado contabilizaban 44 víctimas a quienes los delincuentes les solicitaron pagos a través de transferencias bancarias a cuentas de Estados Unidos.
En esa oportunidad detuvieron a René Moisés Melara Reyes; Brenda Abigaíl Martínez Miranda; José Adán Quintanilla Villalta; Yensi Guillermina Quevedo Núñez; Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo. Fueron ubicados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán.
En otro caso de estafa, en junio de 2025, las autoridades desarticularon una estructura que falsificaba documentos para vender casas que no eran suyas o para pedir préstamos con las mismas propiedades en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
El reporte fiscal detalla que uno de los cabecillas se encargaba de buscar a las víctimas y ganarse su confianza para concretar la venta o el préstamo, mientras que otro elaboraba los documentos falsificados, aprovechando su conocimiento en temas legales.
Los colaboradores presentaban los documentos, -elaborados por ellos mismos con protocolos falsos-, ante instituciones o notarios sin que estos supieran del fraude. Varias casas o lotes fueron vendidos más de una vez, afectando a 17 víctimas. Una de ellas fue estafada con más de $60,000.
