La Fiscalía General de la República (FGR) recibió un aviso para investigar dos acuerdos adoptados por el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de la Universidad de El Salvador (UES), por el uso de recursos y las condiciones presupuestarias de la casa de estudios superiores,
La investigación deriva de un oficio fiscal enviado a la Unidad Jurídica de la UES en el que la FGR solicita con carácter urgente documentación clave sobre los acuerdos universitarios relacionados con la aprobación y posterior anulación de un bono de $400 para empleados universitarios con salarios mayores a $1,500, así como los detalles de las votaciones y justificaciones de cada decisión.
El documento oficial exige que en tres días hábiles la UES remita el Acuerdo n.º 010‑2025‑2027 (V‑1) del 5 de febrero de 2026, que autorizó el pago del bono, incluyendo los registros de votos a favor, en contra y abstenciones y un in‑ forme detallado de las líneas presupuestarias que se reprogramarían para financiarlo y la justificación de la medida.
También pide el Acuerdo n.º 011‑2025‑2027 (IX‑1) del 12 de febrero de 2026, en el que se anuló el acuerdo anterior, con los mismos detalles de votaciones y las razones que motivaron la anulación.
Dichos documentos deben ser remitidos al Complejo de la FGR en Antiguo Cuscatlán, en cumplimiento de diversos artículos constitucionales y de la Ley Orgánica de la Fiscalía, como parte de las diligencias de investigación que se siguen por posibles inconsistencias en la aprobación y en el manejo de recursos públicos en el interior de la universidad.
Al respecto, el rector, Juan Rosa Quintanilla, aseguró que el CSU o la rectoría no han recibido el «aviso oficial» por parte de la FGR.
Explicó que el 19 de febrero se desarrolló una sesión del consejo universitario, pero el tema no fue abordado debido a que no existía «comunicación oficial» al respecto.
No obstante, dijo que la universidad está en total disposición de atender el requerimiento. «Estamos preparando la documentación para presentarla oportunamente; no hay ningún problema», afirmó y reiteró que la institución colaborará con la Fiscalía y entregará toda la información que sea necesaria para cumplir con lo que se solicite.
La FGR confirmó el envío del oficio, como respuesta a un aviso. Fue enviado al Departamento Jurídico. Fuentes en el interior de la UES consideran que debió haber sido dirigido directamente al CSU o a la Fiscalía de la universidad.
La UES aprobó un bono único de $400 para docentes, jefaturas y personal administrativo con salarios superiores a $1,500, como una reacción a la implementación de la Quincena 25, beneficio impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele para trabajadores con menores ingresos para afrontar de mejor manera los compromisos económicos en enero. Este año se implementó en el sector público y voluntariamente se sumaron centenares de empresas. Desde el próximo año será obligatorio.
La medida adoptada por el CSU habría buscado extender un incentivo económico al personal que quedó fuera, precisamente porque tienen salarios más altos.
El bono fue ampliamente cuestionado, ya que se tomó en un contexto en el que las autoridades institucionales han insistido públicamente en que el presupuesto estatal asignado es insuficiente para cubrir necesidades prioritarias como infraestructura e investigación.
Días después, el consejo revocó el bono mediante otro acuerdo tras la presión social y determinar que la medida no contaba con respaldo financiero en el presupuesto de la universidad y que su aplicación podría poner en riesgo la sostenibilidad económica de la institución.
Este giro abrupto en la toma de decisiones internas ha generado inquietud entre sectores académicos y autoridades de control, lo que motivó el aviso a la Fiscalía para que evalúe posibles irregularidades en el uso de fondos públicos y la gestión de las reasignaciones presupuestarias.
La controversia se produce en un ambiente de tensiones por la asignación de recursos públicos a la universidad. Para 2026, la UES tiene asignados $116.4 millones en el presupuesto general de la nación, monto superior al de 2025, pero considerado insuficiente por las autoridades universitarias.
El Gobierno hizo una fuerte inversión en infraestructura de la UES cuando el campus se convirtió en una de las sedes de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
El Estado destinó aproximadamente $15 millones para la remodelación de al menos 22 edificios y espacios del campus, así como la mejora del Complejo Deportivo Universitario y otras instalaciones necesarias para alojar a miles de participantes.
Toda la infraestructura mejorada fue entregada a la UES.
