Agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada; organizaciones terroristas; extorsión agravada; violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado; agrupaciones ilícitas; feminicidio agravado; homicidio agravado y tráfico ilegal de personas son algunos de los delitos por los cuales 803 salvadoreños tienen difusión roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Según esos registros, entre los buscados hay 739 hombres y 64 mujeres.
La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Interpol aclara que no es una orden de detención internacional.
Las personas son buscadas por el país miembro solicitante o por un tribunal internacional. Las naciones miembro aplican su propia legislación nacional para determiner si pueden detener a una persona.
La mayoría de las notificaciones rojas solo puede ser con sultada por los organismos encargados de la aplicación de la ley.
«A petición del país miembro interesado, se pueden publicar extractos de una notificación roja si se considera necesaria la ayuda de los ciudadanos para hallar el paradero de una persona buscada o si esta plantea un peligro para la seguridad pública», comunica Interpol en su sitio web.
CONDENADO POR FEMINICIDIO ES FUGITIVO
Entre los buscados internacionalmente está Christian Samael Zelada López, quien el pasado junio fue condenado a 50 años de cárcel por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una estudiante universitaria.
El proceso se desarrolló en ausencia del imputado, quien es prófugo desde el día del crimen y fue denunciado por los familiares de la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que, ante la gravedad del delito y la solidez de la prueba presentada, el juzgado impuso la pena máxima de 50 años de prisión. Además, ratificó la orden de captura y la difusión roja internacional para dar con su paradero.
De acuerdo con la investigación, la mujer y el acusado se conocieron en una institución de educación superior, donde él laboraba como catedrático hora clase y ella era estudian te. En 2015 iniciaron una relación sentimental, la cual se fue marcando por episodios de violencia psicológica, control y manipulación ejercidos por Zelada.
Tras la ruptura, el acusado acosaba a la joven, intentando insistentemente reanudar la relación, a pesar de su negativa y del distanciamiento que ella había tomado.
En agosto de 2022, aprovechando que la víctima se en contraba sola en su vivienda, el imputado ingresó al lugar, la atacó con arma blanca y posteriormente la asfixió.
El cuerpo fue encontrado por familiares encerrado en el dormitorio del inmueble.
Durante la vista pública, testigos afirmaron haber visto al imputado en compañía de la víctima el día del crimen, así como ingresar a la vivienda horas antes del hallazgo.
«El juzgado evaluó prueba documental, testimonial y pericial, la cual permitió establecer un patrón de violencia previa y una relación desigual de poder en la que el agresor se aprovechó de su fuerza física y del vínculo de confianza para consumar el hecho», comunicó la Fiscalía.
BUSCAN A EXPOLICÍA QUE ASESINÓ A LA AGENTE CARLA AYALA
En marzo de 2024, el exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) Juan Josué Castillo Arévalo, conocido como Samurái, fue condenado a 60 años de prisión por los homicidios de Carlos David Claros Godoy y Porfirio Jesús Godoy Segovia.
Los crímenes fueron cometidos en el municipio de San Francisco Javier, departamento de Usulután, entre 2016 y 2017.
El condenado también es procesado en otras sedes judiciales por varios delitos como el feminicidio de la expolicía Carla Mayari Ayala Palacios.
En este caso, los hechos se remontan al 28 de diciembre de 2017, durante una celebración en las instalaciones del extinto GRP de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador, a la que asistió la víctima. Posteriormente, ella salió en compañía de Castillo Arévalo y dos exagentes en una patrulla policial.
Dentro de la unidad, Ayala Palacios recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Sin embargo, el cadáver fue enterrado en una zona boscosa del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, Usulután, y fue encontrado hasta el 7 de septiembre de 2018.
