De acuerdo con las denuncias presentadas por padres de familia, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, brindaron las acciones que ambas instituciones llevarán a cabo para garantizar los derechos de los padres de familia.
A la fecha contabilizan 513 quejas de padres de familia relacionadas con la obligatoriedad en la compra de libros impresos o digitales y con costos elevados; además de la compra de uniformes, materiales de limpieza, kits de bioseguridad. De igual forma, la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Educación, registran 38 denuncias de incremento de colegiaturas y matrículas.
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«El uso del uniforme no debe condicionar la prestación de un servicio educativo, el uso de libros no debe mermar los aprendizajes que nuestros niños van a asimilar este año», señaló la Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.
Ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, el Mined y la Defensoría del Consumidor, están trabajando de manera coordinada para velar porque se cumplan los derechos de los padres de familia.
«Tenemos planificado nuestro plan de inspección escolar, realizaremos no menos de 500 inspecciones en las próximas semanas, con el objetivo de verificar disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor», indico Salazar.
En cuanto a las cuotas escolares ninguna institución privada está autorizada a incrementar las cuotas de matrícula o de la mensualidad, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia.
Además, MINED y la Defensoría indicaron que el 22 de enero será publicado el segundo sondeo de precios de útiles escolares y el 29 de enero el comparativo en los precios de tabletas y computadoras.
