El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ayer dos nuevos avisos ante la Fiscalía por delitos de presunta evasión de impuestos y lavado de dinero por $50 millones.
El caso corresponde a operaciones realizadas por una sola ONG, desde un paraíso fiscal hacia El Salvador, fondos que no fueron reportados a Hacienda y representan una millonaria evasión de impuesto.
«Hoy vamos a presentar un caso especial, al que le hemos dado seguimiento desde que lanzamos el Plan Antievasión en octubre de 2019 y lleva años evadiendo impuestos. Se trata de una ONG que evadió cerca de $50 millones», indicó el ministro.
Agregó que a esta misma ONG le fue retirado el beneficio de exoneración de impuestos, porque está desvirtuando su fin social, violentando la ley y cometiendo ilícitos.
«Esta ONG es una fundación dedicada a la ayuda social y desarrollo económico de El Salvador, la cual hizo operaciones en un paraíso fiscal ubicado en una isla del Caribe cometiendo delitos de evasión fiscal y lavado de dinero», afirmó el ministro Zelaya.
DIPUTADAS DENUNCIAN ONG
El pasado 16 de septiembre las diputadas Alexia Rivas y Marcela Pineda, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía en contra de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Los delitos incluidos en este aviso son evasión de impuestos, lavado de dinero y actos arbitrarios.
Las diputadas informaron que en 1986, Fusades manejó la microfinanciera Propemi, entidad que entregó créditos que ascienden a más de $290 millones durante 21 años. En 2007, Fusades vendió la cartera de clientes de Propemi por más de $50 millones.
Fusades no pagó impuestos por los dividendos generados por la microfinanciera durante 21 años, tampoco por la venta de su cartera de clientes.
Según estimaciones de Hacienda, por las operaciones de Fusades, a través de Propemi debieron tributar cerca de $1.5 millones de IVA y $2.3 millones en Impuesto sobre la Renta.
Por estas actividades, durante 21 años Fusades le robó al fisco cerca de $3.8 millones.
La fundación también trasladó los fondos obtenidos por sus operaciones a sociedades constituidas en la isla Bermuda, catalogada como paraíso fiscal, donde reportó utilidades por $2.1 millones en 2009, $1.6 millones en 2010, $1.7 millones en 2011, $821 mil en 2012 y $522 mil en 2013, de lo cual dejó de declarar más de $100 mil anuales a Hacienda durante cinco años.
