A 20 y 40 años de cárcel fueron condenados 20 extorsionistas de la facción revolucionaria de la pandilla 18, que bajo amenazas exigieron a 10 víctimas con régimen de protección el pago de diversas cantidades de dinero.
La mayor condena, de 40 años, fue impuesta a Magali Andrea Landaverde Torres y Santos Elizabeth Espinoza Flores, a quienes la jueza uno del Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, las encontró responsables de extorsión agravada.
En el juicio, la Fiscalía General de la República probó que chantajearon a dos víctimas y por eso se les impuso la pena máxima de 20 años por cada caso.
Mientras que los otros 18 extorsionistas recibieron 20 años de cárcel por consumar extorsión en otras personas que denunciaron los hechos ante las autoridades.
Esta estructura estuvo delinquiendo en los distritos de Apopa y Aguilares, jurisdicciones en las que por décadas mantuvieron sometidos a los habitantes.
Las extorsiones fueron denunciadas a principios de 2023 y tras conocer los hechos las fuerzas de seguridad incursionaron en los sectores donde estaban delinquiendo para capturarlos entre el 7 y 13 de mayo de 2023 como parte de las acciones del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En la vista pública, el ministerio público presentó una serie de prueba que incriminó directamente a los pandilleros con los casos de extorsión, declararon agentes que realizaron las investigaciones, así como las víctimas que fueron afectadas por el accionar de los terroristas.
Los afectados expusieron la forma en que fueron extorsionados, los pandilleros los amenazaron con asesinarlos si no accedían a los pagos de cantidades de dinero.
Por temor a represalias las víctimas decidieron entregar las cuotas exigidas, pero una vez vigentes las medidas especiales del régimen de excepción decidieron denunciar los hechos.
Esta estructura de terroristas aún tiene pendiente el juicio de agrupaciones ilícitas que deberán enfrentar en audiencia única abierta, ya que la Fiscalía los agrupó en una sola causa.
Además de esta condena por extorsión, podrían recibir hasta 30 años de cárcel por ser miembros de la pandilla 18. El accionar delincuencial lo habían extendido en los municipios de San Salvador Oeste y San Salvador Norte, según las investigaciones de las autoridades.
