Con la muerte del expresidente Mauricio Funes, confirmada por el gobierno de Nicaragua, el cual le facilitó evadir la justicia, se pone fin a un largo y marcado proceso envuelto en una trama de corrupción resumida en siete expedientes judiciales, en tres causas acumuló 28 años de prisión y cuatro esperaban en diversos tribunales de San Salvador.
Según el ministerio de Salud de Nicaragua informó la noche del martes: «desafortunadamente, el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, con residencia en nuestro país, ha fallecido, a las 9:35 pm…». Temprano del martes, ese ministerio informó que Funes estaba hospitalizado por un padecimiento crónico grave.
En los casos judiciales pendientes para Funes en El Salvador, a petición de la Fiscalía se extinguirá la acción penal, no así la responsabilidad civil que fue iniciada cuando las siete causas fueron judicializadas entre el 8 de junio del 2018 y 19 de diciembre de 2020.
La extinción de dominio tampoco puede cesar, pues en estos procesos, la Fiscalía General persigue bienes y no personas, tampoco desaparece la condena que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador le impuso por enriquecimiento ilícito el 28 de noviembre de 2017, junto a su hijo Diego Roberto Funes Cañas, deben pagar $419,145.09.
Funes, quien fue el primer presidente de izquierda por el FMLN tras la guerra (2009-2014) nunca estuvo en prisión ya que cuando la Fiscalía presentó el 8 de junio de 2018, la acusación del caso «Saqueo Público», que fue el primero, él ya tenía casi dos años estar asilado en Nicaragua.
En documentación judicial se hizo constar la resolución nicaragüense número 073-2016 del asilo otorgado el 2 de septiembre de 2016 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el 6 del mismo mes.
La solicitud la hizo el 1 de septiembre de ese año y de manera exprés se lo otorgaron porque justificó al gobierno de Nicaragua que su vida y familia corría peligro por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y derechos humanos.
