El trabajo de la Asamblea Legislativa durante el año anterior estuvo marcado por el respaldo que brindó a los proyectos de país, gracias a la supermayoría que los votantes dieron a Nuevas Ideas y a los diputados aliados del PCN y PDC.
En total se aprobaron cerca de 300 decretos. Hasta el 16 de diciembre fueron avalados 293, los cuales están publicados en el portal web del Órgano Legislativo; sin embargo, el número variará con las últimas plenarias desarrolladas.
Los diputados iniciaron labores el 5 de enero de 2025, con la primera plenaria ordinaria del año, que corresponde a la sesión 37 de la legislatura 2024-2027. La última plenaria se instaló el 23 de diciembre.
«Uno de los pilares más importantes en la transformación del país, liderada por el presidente Nayib Bukele, ha sido la Asamblea Legislativa. El trabajo legislativo ha sido fundamental porque, a diferencia de las anteriores a 2021, le ha dado sentido a la gobernabilidad política», consideró el sociólogo René Martínez.
Agregó que la gobernabilidad política es un aspecto fundamental, porque permite establecer un «plan de nación a largo plazo, que en nuestro país persigue el objetivo de que lo público sea mejor que lo privado».
Un planteamiento similar expresó el sociólogo y exdiputado Mauricio Rodríguez, quien recordó que antes no había gobernabilidad, a diferencia de hoy, cuando existe una correlación política que respalda las iniciativas de país con votos mayoritariamente de Nuevas Ideas, con el apoyo de las fracciones del PCN y PDC.
«Es importante destacar la aritmética legislativa, que es favorable no a los intereses del presidente Bukele, sino a los intereses del país; permite tener procesos expeditos de resolución de cuerpo de ley», afirmó Rodríguez.
En 2025 una de las prioridades legislativas fue apoyar al Ejecutivo en mantener los niveles históricos de seguridad, lo que se reflejó en el primero y último de los decretos aprobados, correspondientes a la extensión de la vigencia del régimen de excepción, por períodos de 30 días. Rodríguez consideró que es «evidente el acompañamiento» que brinda la Asamblea con las prórrogas al régimen excepcional cada mes.
«Eso es lo que le da en este momento el posicionamiento a escala internacional como el país más seguro de todo el continente americano», aseveró.
Otros decretos en materia de seguridad que se aprobaron son reformas son la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley Penal Juvenil y la creación de dos nuevas leyes contra la corrupción y contra el lavado de dinero. Toda legislación de seguridad es para Martínez un punto «estratégico», debido a que brinda una «ventaja competitiva» a El Salvador en función de atraer la inversión extranjera.
Precisamente, el ámbito económico fue otro aspecto prioritario en el trabajo legislativo, con diversos decretos orientados al ordenamiento de las finanzas del país, con normativas como la nueva ley de sostenibilidad fiscal, y otras que incentivan la inversión de grandes capitales, nacionales e internacionales. Se agrega la aprobación del presupuesto anual del Estado 2026, con medidas de austeridad y mejor administración de los recursos públicos.
«Hay que recordar que anteriormente comenzaba el año fiscal y no había presupuesto, pasaban dos o tres meses y se tenía que recurrir a usar el presupuesto del año anterior con tremendo desorden financiero y fiscal para el país. Ahora no, el presupuesto se aprueba en tiempo», destacó Rodríguez.
MODELO DE TRABAJO
Según el académico René Martínez, el desempeño de la Asamblea Legislativa durante 2025 responde a un modelo de trabajo.
«El trabajo legislativo, respaldando los proyectos de país más importantes, ha tenido cuatro ejes de acción; el primero es generar una gobernabilidad que no esté sustentada en la corrupción de los partidos políticos», señaló. Sobre ese punto, Rodríguez mencionó que «en el pasado había una democracia y una gobernabilidad comprada. Eran los maletines negros los que determinaban si se votaba en uno o en otro sentido».
Un segundo eje está relacionado con la «recuperación del control del territorio por parte del Estado, propiciando una seguridad ciudadana en la que los derechos de las víctimas se imponen a los derechos de los victimarios».
El tercero, Martínez lo relacionó con «modernizar todo el marco jurídico con reformas constitucionales que van encaminadas a redactar un nuevo contrato social coherente con la nueva realidad nacional e internacional».
Y el último eje se centra en el «respaldo de iniciativas y proyectos emblemáticos para el desarrollo social y el progreso económico, con una matriz pro – ductiva relacionada con la transferencia de tecnología».
Ambos académicos coincidieron en que es necesario que la Asamblea continúe con este modelo de trabajo, para que prosiga la transformación del país.
