Entre el 10 de diciembre de 2025 y 10 de marzo de 2026, los tribunales contra el crimen organizado en todo el país, han procesado a 21 estructuras de la Mara Salvatrucha y pandilla 18.
En 14 expedientes ya los jueces emitieron sentencias de hasta 75 años de prisión para cabecillas quienes por décadas estuvieron dirigiendo células territoriales para que ejecutaran homicidios, extorsionaran y limitaran la libre circulación ya que ellos decidían quienes podían ingresar y residir en comunidades, barrios y colonias.
La primera condena de audiencia única abierta fue emitida el 10 de diciembre del año pasado en contra de seis integrantes de la Mara Salvatrucha de Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, les impuso penas de 17, 21 y 33 años de cárcel por delitos de realización compleja.
Las demás audiencias se han realizado en el 2026, los jueces comenzaron a aplicar las reformas de la Ley Contra el Crimen Organizado que ordena enjuiciar a los pandilleros detenidos en el marco del régimen de excepción agrupados en un solo expediente y dependiendo de la estructura a la que pertenezcan.
Solo en San Salvador, los seis tribunales contra el crimen organizado instalaron en enero dos audiencias únicas, en febrero fueron tres y en lo que va de marzo se han procesado a cinco estructuras criminales, totalizando 10 expedientes.
En 14 de los 21 procesos iniciados, ya se han emitido severas penas de hasta 75 años de cárcel a imputados condenados por ser miembros de pandillas que esa es la razón de ser de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo de 2022, dos días después de instaurarse en El Salvador el régimen de excepción, medida que ha sido prorrogada en 48 ocasiones.
El congreso legisló para que la pertenencia a una pandilla fuera considerada como delito de agrupaciones ilícitas, con penas de 20 años para colaboradores, 30 para los miembros y de 45 a 60 para los cabecillas y financistas de estos grupos de crimen organizado.
Cuando los jueces decidieron iniciar las audiencias únicas, los 21 expedientes han quedado abiertos, en contra de los enjuiciados y condenados la Fiscalía General de la República ya tenía pruebas.
Para el resto de pandilleros que forman parte de esas estructuras los juicios están pendientes y en cualquier momento durante los próximos 24 meses, los fiscales informarán a los jueces que ya están listos y que cuentan con las suficientes pruebas para que siga enjuiciándolos.
Algunos delitos atribuidos en los expedientes son: organizaciones terroristas, extorsión homicidio, posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación y hasta feminicidio.
