El 27 de marzo de 2022 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador, cuando a solicitud del presidente Nayib Bukele, se aprobó la implementación del régimen de excepción, una medida que reforzó el Plan Control Territorial y contribuyó a cambiar el rumbo del país en materia de seguridad.

Han pasado cuatro años. La situación de seguridad en El Salvador es totalmente diferente a los 30 años en los que gobernó ARENA y el FMLN, cuando el país fue conocido por sus índices de violencia y hasta se convirtió en el más violento del mundo.

Las autoridades de Seguridad aseguran que el régimen de excepción brindó herramientas para debilitar a las pandillas con la captura de sus integrantes y el decomiso de ilícitos. Además, la medida constitucional incrementó la confianza de la población en las fuerzas del orden y les permitió transitar en zonas que antes fueron dominadas por las maras.

«Pasamos de ser el país más peligroso del mundo a convertirnos en el país más seguro del hemisferio occidental, y eso no fue por casualidad, sino por las decisiones que tomamos para combatir la criminalidad», ha dicho Bukele.

El régimen de excepción fue solicitado por el mandatario para reestablecer el orden y control territorial tras un sistemático incremento de homicidios cometidos entre el 25 y 27 de marzo del 2022, que ascendió a 87 crímenes contra la vida.  Sirvió para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población. Desde entonces, el país mejoró sus niveles de seguridad.

«El régimen de excepción ha sido la herramienta legal más eficiente que dispone El Salvador para hacerle frente a la inseguridad […] Veníamos de un Estado en el cual pandilleros tenían el control y se lucían en las calles y marcaban sus barrios, cuando comenzamos con el régimen de excepción fue relativamente fácil decir en cualquier lado se iban a encontrar pandilleros», ha mencionado el ministro de Defensa, René Merino Monroy. 

A la fecha, el régimen de excepción ha sido extendido por 49 ocasiones, la última abarcará desde el 1 al 30 de abril de este año.

Pandillas son desarticuladas

El más reciente  balance de Seguridad destaca que 91,628 pandilleros y colaboradores han sido capturados entre el 27 de marzo de 2022 a la fecha, en el marco del régimen de excepción.  Además, a las pandillas se les ha incautado 5,319 armas de fuego de diferentes tipos, entre estas: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras; así como 11,994 vehículos de diferente tipo: automóviles, motocicletas, microbuses, mototaxis y otros.

Asimismo, 24,510 celulares que contienen información importante del accionar de estas estructuras han sido decomisados por las fuerzas del orden y más de $1,533 millones ($1,533,753,409) en diversos tipos de drogas.

Cada vez menos homicidios

Los índices de seguridad en El Salvador mostraron una mejora desde la llegada del presidente Bukele al poder; sin embargo, esta tendencia se intensificó tras la implementación del régimen de excepción.

Por ejemplo, en el primer mes de gestión, los crímenes disminuyeron: junio de 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes cuando aún gobernaba Salvador Sánchez Cerén del FMLN. Al finalizar ese año, los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios [totalizando 2,398 crímenes] y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida. in embargo, fue en 2022 cuando las cifras registraron una reducción más significativa, impulsada por la implementación del régimen de excepción, que permitió debilitar de forma complementaria a las estructuras delictivas. Ese año, el país cerró con 496 homicidios, frente a los 1,147 reportados en 2021.

Desde entonces, los registros se mantuvieron en tres dígitos, marcando una tendencia sostenida a la baja: en 2023 se contabilizaron 154 homicidios; en 2024, 114; y en 2025 se alcanzó la cifra más baja de la historia reciente, con 82 casos.

El régimen también brindó mayores herramientas a policías y soldados para realizar patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, así lograron recuperar varios territorios en los que dominaban las maras.

De igual forma, desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyers» era una práctica que por décadas realizaron las pandillas en El Salvador, pero con la estrategia de seguridad esto cambió. 

Solo en el reparto La Campanera en Soyapango, al menos 900 viviendas- de las 2,343 de todo el lugar- habían sido usurpadas por las pandillas tras amenazar o asesinar a los propietarios de los inmuebles, pero estas fueron recuperadas por el gobierno y devueltas a sus dueños.

Población aprobó medida

El régimen de excepción ha sido cuestionado por la oposición constantemente, manifestando que se han registrado «detenciones arbitrarias», sin embargo, desde su implementación, la medida ha sido aprobada por la población en diversos estudios de opinión pública.

Resultados de varias encuestas de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop-UCA), demuestran un amplio apoyo (99% en estudio realizado en junio 2024) de la población hacia el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, implementados por gobiernos anteriores cuando las maras se quintuplicaron.

A los 30 días de ejecución, la población le otorgó una nota de 7.99 en una encuesta hecha por el Iudop. Mientras que, un sondeo de opinión pública de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), el porcentaje de aceptación fue de 83.7 %, con solo tres meses en ejecución y a finales del 2022 el 89.9% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la implementación del régimen de excepción.

Para el 2025, la nota al régimen de excepción en encuesta de Iudop fue de 7.78 y el 60% de los encuestados aseguró que la medida debía prorrogarse por más tiempo.

La más reciente encuesta de La Prensa Gráfica (LPG Datos) reveló que la aprobación del presidente Bukele alcanzó, al cierre de 2025, el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.

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