El cambio de un juez de Extinción de dominio en Guatemala ha acelerado la devolución de bienes decomisados a acusados de corrupción y narcotráfico, entre los exfuncionarios beneficiados están el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; el expresidente Otto Pérez Molina; el exdiputado por FCN-Nación Herber Melgar Padilla; y el expresidenciable Manuel Baldizón.
Según un reporte especial realizado por el Diario de Centro América, entre abril y julio de 2024 se marcó un parte aguas en la extinción de bienes obtenidos bajo sospecha de corrupción o del crimen organizado en Guatemala.
Según el informe, con el relevo del titular del Juzgado de Extinción de Dominio los fallos comenzaron a revertirse y las propiedades ya en posesión del Estado han vuelto a poder de exfuncionarios procesados por actos fuera de la ley.
En una acción que recibió críticas de analistas y expertos, Marco Antonio Villeda (ahora ministro de Gobernación) fue trasladado, tras más de 10 años, del Juzgado de Extinción al Tribunal Octavo Penal. Se designó como sustituto a Jaime Delmar González Marín, quien había favorecido a familiares del expresidente Jimmy Morales.
A partir de entonces, algunos políticos y exfuncionarios acusados de corrupción, como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, el expresidente Otto Pérez Molina, el exdiputado por FCN-Nación Herber Melgar Padilla, el expresidenciable Manuel Baldizón y Miguel Martínez, exfuncionario del gobierno anterior, han sido beneficiados con la devolución de bienes.
En el tiempo que Villeda fue juez de Extinción de Dominio se inmovilizaron seis propiedades, cuentas bancarias y dos helicópteros relacionados con el expresidente Pérez Molina; terrenos y depósitos de, por lo menos, 60 millones de quetzales vinculados al exministro de comunicaciones Sinibaldi y un edificio en la zona 15 capitalina ligado a Baldizón.
Los hechos se acuerpan en el informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (2025), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se concluyó «cambio de enfoque en los procesos de extinción de dominio».
Para algunos especialistas como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, el traslado de Villeda no fue una «simple coincidencia temporal», sino un hecho en un «momento donde se buscaba reconfigurar la institucionalidad y los focos de control».
Aseguró que la estancia del juez fue «clave» para «consolidar» justicia patrimonial en Guatemala, pero a partir de su salida, se «observa» una línea de resoluciones que benefician a investigados de alto perfil.
«El traslado evidencia un giro en la política judicial aplicada a bienes vinculados con corrupción. En ese contexto, esa coincidencia puede considerarse como no meramente accidental, sino como un intento de beneficiar a actores mafiosos», explicó el especialista.
ALGUNOS CASOS
El medio digital La Hora publicó, en enero pasado, que el juez González Marín devolvió un inmueble ubicado en la zona 8 en la capital guatemalteca que, en años anteriores, había funcionado como casa de campaña del Partido Patriota y sede de Alba Keneth, el cual regresó a Agropecuaria El Florido, S.A. una empresa ligada al exministro de comunicaciones Sinibaldi.
González Marín también regresó propiedades al expresidente Pérez Molina, a quien en noviembre de 2025 le devolvió 4 millones de quetzales de seis cuentas bancarias más los intereses generados por el embargo.
En el fallo argumentó que dicha cantidad tenía origen lícito, al provenir del salario devengado por Pérez Molina durante su período de gobierno.
La cadena de devoluciones de González Marín continuó el pasado 27 de noviembre cuando ordenó entregar el edificio Vista Panorámica, ubicado en la colonia El Maestro, zona 15 de la capital de Guatemala, a la empresa Real Group S.A., vinculada a Baldizón.
La propiedad estaba inmovilizada por medida cautelar desde 2018, y había pasado a la Senabed (Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio), en donde estaban las fiscalías de Delitos de Narcoactividad y de Delitos Transnacionales del Ministerio Público, y un juzgado de Diligencias Urgentes, que deben desalojar.
En septiembre del año pasado, González Marín también levantó el embargo de cuentas bancarias por 15.8 millones de quetzales al exdiputado Melgar Padilla.
Aunque los activos fueron reportados como operaciones sospechosas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la resolución procedió ante la falta de pruebas presentadas por el Ministerio Público de la fiscal general Consuelo Porras.
