El crecimiento de los grupos criminales y las guerras internas territoriales convirtieron a Ecuador en la capital del asesinato en América Latina en 2023.
En ese momento, las autoridades identificaron al menos 22 pandillas, pero la cifra actual asciende a 37 y la violencia es imparable, detalla un informe de la organización sin fines de lucro Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled, por sus siglas en inglés). Entre enero y abril del corriente año, en el país se registraron 3,084 homicidios, el 94 % del total está relacionado con violencia criminal.
Además, Ecuador mantiene una tasa de 45 por cada 100,000 habitantes, un récord desde hace dos años. Los datos fueron compartidos por el Gobierno de Daniel Noboa como justificación del entonces proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, señaló el periódico «Primicias».
Aunque generó debate y controversia, la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de junio, con 77 votos, y se sumó a una de las prioridades de Noboa para «derrotar al terrorismo».
La norma está en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial el 11 del mismo mes. En ella se establece el marco jurídico del Sistema Nacional de Inteligencia, «las responsabilidades, funciones específicas, prohibiciones, procedimientos, jerarquías, líneas de mando, clasificación y niveles de accesibilidad de la información, el establecimiento de sistemas de pesos y contrapesos interinstitucionales o de procedimientos para preservar el secreto, la reserva, la clasificación, reclasificación y desclasificación de información, y, el correcto uso y destino de la información».
Con la ley, los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar toda la información requerida por el sistema, siempre y cuando exista una «previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente ley».
«Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización», detalla el documento.
Otro punto que generó críticas fue el explicado en el artículo 4, el cual señala que «se evitará revelar la identidad de los servidores públicos que participen en actividades y operaciones, de inteligencia o contrainteligencia, así como cualquier información que pueda comprometer la seguridad integral del Estado».
La ley no solo aplica para las operadoras, sino para personas naturales y jurídicas que sean requeridas a entregar información. Noboa lucha contra las pandillas desde noviembre de 2023, cuando asumió la presidencia por un año y medio, después de que el expresidente Guillermo Lasso, en medio de un juicio político en su contra por malversación de fondos, invocó el mecanismo de «muerte cruzada», que le permitió disolver automáticamente la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas.
Aunque empezó con fuerza su política de seguridad con un estado de emergencia a escala nacional y un estado de conflicto armado en enero de 2024, pronto las pandillas se adaptaron a su nueva realidad y continuaron ganando terreno con una ola de violencia difícil de culminar, especialmente cuando está vinculado al narcotráfico y la debilidad de las instituciones.
Hoy, con un nuevo período como presidente, el cual asumió en mayo de 2025, «la forma en la que Noboa aborde estos desafíos determinará la trayectoria de seguridad de Ecuador en los próximos años», expone Acled.
