Luego que transcendiera que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Guatemala no imputó por terrorismo al pandillero confeso Harol Yeraldo Salguero Morales, del Barrio 18 y quien fue detenido por el asesinato de dos policías y herir a otros dos; diversos personajes de la política de Guatemala han alzado sus voces para increpar al MP y a su titular, Consuelo Porras. Alegan su falta de voluntad ante los hechos notorios de terrorismo perpetrados contra la seguridad de la población del vecino país.
El presidente Bernardo Arévalo reiteró ayer, durante una conferencia de prensa, que esta inacción se trata de un insulto para todo el país y para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fallecieron a manos de los mareros ante el repunte de la violencia por la retoma de tres centros penales.
El mandatario agregó que «es sumamente vergonzoso y altamente sospechoso» que el MP no haya decidido imputar a supuestos pandilleros por homicidio o asociaciones ilícitas y aplicar así la nueva Ley Antipandillas.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, exigió que la fiscalía procese por terrorismo a los pandilleros vinculados con los hechos violentos del pasado domingo.
«El @MPguatemala tiene toda la capacidad técnica a través de métodos especiales de investigación para prevenir esos ataques, no haberlo hecho los vuelve cómplices. Su actuación en el tribunal ayer confirma que están del lado del crimen organizado», apuntó la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana (2014-2018), a través de una cuenta de X.
Terroristas, por ley
La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas -conocida popularmente como Ley Antipandillas (Decreto 11-2025)- fue aprobada con 145 votos a favor (tras una serie de observaciones de los diputados) el 21 octubre de 2025 y entró en vigor el 11 de noviembre del mismo año, tras ser publicada un día antes en el Diario de Centro América (Diario Oficial).
En la referida legislación se designó como grupos terroristas a la Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18. En la Ley Antipandillas se elevaron penas por delitos como extorsión, reclutamiento ilícito de menores y obstrucción extorsiva de tránsito.
Julio Rivera Clavería, analista en temas de seguridad, expresó que de acuerdo con la ley «no solo son mareros o pandilleros, sino también declarados terroristas», y que por lo tanto «es un trabajo que tiene que hacer, no solo de inteligencia, sino de investigación el propio MP y la PNC».
Otro experto en la materia, Sandino Asturias, aseguró que las dudas que surgen ante esta situación solo confirman «la incapacidad de algunas instituciones como el MP», según La Hora. Mientras que Mario Polanco, analista del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ve con preocupación cómo el MP accionó la acusación, ya que ya existe la figura de terrorista en la Ley Antipandillas, por lo que tuvo que ser presentada ante el Tribunal de Turno durante la audiencia inicial.
«Se ha cuestionado el accionar del actual MP, esa es una prueba concreta de cómo se favorece a delincuentes», agregó Polanco.
