Los presidentes Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Gabriel Boric, exponentes del comunismo socialismo en América Latina, han enfilado sus ataques contra el presidente Nayib Bukele y su política de mano dura y cero tolerancias contra las pandillas y el crimen organizado nacional y transnacional.
Políticos del régimen venezolano, como Maduro; el fiscal general, Tarek William Saab; y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, atacaron reciente mente la política de seguridad y la alianza del Gobierno salvadoreño con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir la criminalidad en Latinoamérica.
Los tres altos funcionarios venezolanos rechazaron entregar -como propuso el presidente Bukele a través de acuerdo humanitario- a 252 presos políticos de di versas nacionalidades a cambio de recibir a igual número de criminales venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados por el Gobierno estadounidense de ser miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.
«Están violando todo el ordenamiento humanitario del mundo. Mándanos a la gente nuestra y tú [Nayib Bukele] no eres quién para ponernos condiciones a nosotros. Aquí, los terroristas, van a pagarle a la justicia y no será Bukele quien nos diga nada, no, no, no», dijo Cabello, ovacionado por simpatizantes chavistas.
Al posicionamiento de Maduro, Saab y de Diosdado Cabello se sumó el FMLN, liderado por su secretario general, Manuel Flores, quien también pidió la liberación de los venezolanos recluidos en el Cecot. De igual manera, Petro, presidente de Colombia, defendió a los detenidos.
«Ningún latinoamericano demócrata puede aceptar como principio de una república que, por los crímenes de la banda llamada Tren de Aragua” se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio», argumentó Petro el 19 de abril pasado en X.
Petro no solo pidió la liberación de los venezolanos, sino también de los colombianos recluidos en cárceles salvadoreñas.
El 20 de abril pasado el periódico «El Colombiano» informó -con datos proporcionados por el Consulado de Colombia en El Salvador- que en las cárceles salvadoreñas hay 140 colombianos presos, pero ninguno está recluido en el Cecot.
En su edición del 21 de abril anterior, el periódico «El Tiempo» retomó la declaración del consulado de Colombia en El Salvador, y reafirmó que ningún ciudadano del país sudamericano está recluido en el Cecot.
«No, señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar Libertad», añadió Petro en su publicación de X.
En la reunión que el presidente de Colombia sostuvo el 21 de abril pasa do con su consejo de ministros habló nuevamente del tema y aseveró que el Gobierno salvadoreño tiene a menores de edad recluidos en el Cecot. No obstan te, ni la grabación ni la nómina de los deportados por EE. UU. reflejan el tras lado de menores de edad venezolanos a la megacárcel salvadoreña.
«¿Cómo así que el señor Bukele encarcela venezolanos niños […]? ¿Qué significa meter al pueblo colombiano en cárceles violatorias de los derechos humanos en El Salvador?», insistió Petro, a pesar de que los periódicos de su país, «El Colombiano» y «El Tiempo», ya reportaron que ningún colombiano está recluido en el Cecot.
Además de Maduro y Petro, en julio de 2023, Boric, presidente de Chile, señaló en una entrevista con la cadena BBC que Nayib Bukele solo se enfoca en aplicar «las medidas más extremas» contra la delincuencia, pero no aborda los «temas de fondo» de la inseguridad. Bukele respondió el 26 de julio de 2023 que su estrategia de seguridad no solo incluye la re presión del delito, sino también la prevención.
El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez consideró que la izquierda latinoamericana «ha orquestado» un plan de ataque contra la política de seguridad de Bukele porque es efectiva en el combate del crimen transnacional y porque pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos izquierdistas de resolver la inseguridad en sus naciones.
«Es una acción orquestada por los gobiernos izquierdistas de América Latina. Los senadores demócratas y el Partido Demócrata norteamericano están permeados desde hace ratos por la internacional socialista y el partido comunista internacional. A ellos se unen voces disonantes de El Salvador, como Manuel Flores, para atacar el trabajo del Gobierno salvadoreño en materia de seguridad», planteó el sociólogo.
Efectividad en seguridad es ejemplo a escala mundial, afirman analistas
