Por denuncia del presidente Nayib Bukele, la Fiscalía General de la República inició la investigación de cobros excesivos por el consumo de energía eléctrica. Diversas denuncias que se hicieron públicas revelaron que no hay relación entre el cobro y el consumo de electricidad.
«Hoy tenemos a un presidente y un Gobierno que están velando por los salvadoreños. Por nuestra parte, acompañaremos técnicamente y revisaremos cada caso de abuso que se haya cometido por parte de las distribuidoras contra los hogares de los salvadoreños», anunció el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), Daniel Álvarez.
Miembros de la Fiscalía Adjunta para la Defensa de los Intereses del Estado allanaron el sábado las oficinas de Delsur, S. A. de C. V., y de AES y sus diferentes afiliadas para ubicar las bases de datos y cotejarlas con la información que las instituciones reguladoras del Gobierno poseen.
Si la investigación revela que no coinciden y se determina que arbitrariamente se ha incrementado la facturación, se iniciará el proceso judicial por estafa agravada.
Esta es una de las iniciativas del Gobierno del presidente Bukele para proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Con la pandemia de la COVID-19, el Gobierno implementó una serie de medidas para combatir la inflación, y entre ellas estaba garantizar, a través de subsidios, el precio estable de la energía eléctrica en los hogares para evitar que el fenómeno global impactara negativamente a las familias salvadoreñas.
Los ciclos naturales de las lluvias influyen en el porcentaje de energía producido por las centrales hidroeléctricas, que constituyen la mayor parte de la electricidad generada en el país.
En temporada seca disminuye la generación hidroeléctrica. Con el calor aumenta el consumo por el uso de ventiladores y aires acondicionados. Sin embargo, las denuncias presentadas señalan que los cobros que llegaron a los usuarios eran muy por encima del consumo.
El presidente Bukele dejó muy claro que no va a permitir abusos en contra de los ciudadanos, por lo que las empresas involucradas deberán dar acceso a sus sistemas informáticos de facturación para poder realizar las investigaciones correspondientes. Ambas compañías anunciaron su plena cooperación y se comprometieron a acatar las disposiciones.
De este modo se garantizan los derechos de los salvadoreños, protegiéndolos de posibles abusos. El Salvador es un país de leyes y todos estamos obligados a cumplir las normativas legales, incluyendo a quienes han venido a invertir al país.