Bajo un soportal de la calle Galiano, en el corazón palpitante de La Habana, Isidro Manuet, de 73 años, instala cada mañana su puesto de venta informal para hacerse con lo mínimo.

«Logro vivir, sobrevivir, porque esto es para comer, para nada más», cuenta a la AFP Manuet, que tiene la piel curtida por el sol y los años en la calle.

Como él, muchos adultos mayores recurren a la venta callejera de café, cigarrillos o artículos de segunda mano para hacer frente a la peor crisis económica de la isla desde la implosión del bloque comunista soviético en 1991.

A fines de 2024, más del 25% de los 9,7 millones de habitantes en Cuba superaba los 60 años, según estadísticas oficiales, por encima de Chile y Uruguay.

Otra cifra enciende las alarmas: más del 39% de los jubilados tiene una pensión mínima de 1.528 pesos, equivalente a 13 dólares a tasa oficial. Pero en el mercado informal, que marca los precios de la calle, son apenas 4 dólares.

«Lucha por la vida, que la muerte está segura», suelta Manuet bajo el soportal, que está cubierto de mugre.

Algunos cubanos pasan frente a él con bolsas repletas de alimentos. Vienen de Casalinda, una de las tiendas en dólares abiertas en enero por el gobierno que han ampliado la brecha social en la isla.

Falta de apoyo familiar

Antonia Diez, de 70 años, vende ropa y maquillajes.

«Nos buscamos la vida con esto», porque «la cosa está mala» y la pensión «no alcanza», comenta la anciana, que tiene una jubilación de 1.540 pesos, apenas suficiente para comprar 15 huevos o cinco libras de arroz.

Muchos ancianos se quedaron sin apoyo familiar desde 2022, cuando inició el mayor éxodo migratorio en la historia de Cuba, en medio de una crisis marcada por la escasez de alimentos y medicinas, los apagones recurrentes, la falta de transporte público y una inflación galopante.

Por las calles se aprecia un número creciente de mendigos y, ocasionalmente, se ve a algún anciano hurgando en bidones de basura en busca de algo para vender e incluso para comer.

La crisis también afecta las ayudas que el gobierno destina a los más pobres. Diez comenta que solía recibir un paquete de alimentos a través de la asistencia social, «pero hace rato que no mandan nada», precisa.

La situación se agrava porque el gobierno tampoco está garantizando el suministro regular de la canasta básica que por décadas distribuyó a la población a través de la cartilla de racionamiento.

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