Una estructura de 251 terroristas de la Mara Salvatrucha, comenzaron a ser procesados por 235 hechos delictivos perpetrados en La Libertad y que fueron documentados por la Fiscalía General de la República.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador tiene previsto recibir durante los próximos dos meses una gama de prueba que vincula en cada uno de los crímenes a los pandilleros miembros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS).
En la vista pública se conocerá de 45 casos de homicidio, entre ellos el de los hermanos Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, el 18 de septiembre de 2021.
El crimen de la futbolista de Alianza Women Jimena Ramírez Granados, raptada por los mareros el 24 de octubre de 2021, en la Colonia Quezaltepec en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Hay otros homicidios de víctimas asesinadas entre el 2014 y 2022 y que los cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas ubicadas en la finca Suiza, de Nuevo Cuscatlán.
En el expediente llevado hasta la fase final del proceso penal el ministerio público también atribuye a la estructura de crimen organizado, 20 desapariciones de personas a quienes los pandilleros privaron de libertad y sus familias nunca las volvieron a ver.
Además, la representación fiscal pretende probar 86 casos de extorsión en perjuicio de víctimas con régimen de protección quienes tuvieron que pagar diversas cantidades de dinero a los pandilleros.
Las personas afectadas entre las que hay comerciantes del mercado de Santa Tecla y sus alrededores, empresarios y transportistas, fueron amenazados por la clica, les manifestaron que si no accedían a entregar cuotas semanales, quincenales o mensuales, las iban asesinar junto a su familia, atentarían contra sus empleados y negocios.
Las cantidades de dinero que pagaron a la pandilla variaba, dependiendo del negocio y la capacidad económica que los mareros creyeron que tenía cada una de sus víctimas.
Los afectados por el accionar delictivo de la pandilla, denunciaron los casos y decidieron colaborar con las autoridades para identificar a los extorsionistas y que los detuvieran.
A todos los miembros de la clica TLS, también los enjuician por el delito de agrupaciones ilícitas y les aplicarán las reformas aprobadas el 29 de marzo de 2022 con la entrada en vigencia del régimen de excepción.
De ser encontrados culpables pueden ser condenados a pena de 20, 30 y hasta 60 años por su pertenencia a la estructura, según su rol en la clica, así serán los años de prisión.
Entre los 251 acusados hay homeboy, jefes de clica y corredores de programa, cada uno tenían funciones diferentes al momento de consumar los hechos.
