Con ahorros personales, créditos bancarios, ayudas de familiares en el extranjero o pagando con escrituras de casas, son algunas formas con las que muchos salvadoreños costean los pagos a coyotes que les prometen llegar, con suerte, hasta los Estados Unidos y cumplir el «sueño americano». Sin embargo, algunos solo se quedan endeudados, abandonados en Guatemala o México y otros hasta encuentran la muerte antes de salir del país tal como le sucedió a una familia asesinada por supuestos traficantes de personas el pasado 10 de octubre en La Libertad.
En este caso las víctimas mortales fueron: Medardo Enrique Tejada Portillo, su compañera de vida, Yeny Selena Dubón Peña; Joshua, de 8 años, su hijo; y Ana Francisca Domínguez de Zelaya, quienes fueron asesinados en la calle del cantón San Rafael Abajo al cantón El Chila, La Libertad.
De acuerdo con la investigación, la familia de las víctimas pagó $9,000 de adelanto a los imputados, quienes ofrecieron llevarlos a los Estados Unidos. El pasado domingo 17 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cuatro acusados y les incautaron $5,400 en efectivo y otros $1,200 que habían depositado en una cuenta bancaria.
Los implicados son Saúl Ernesto Molina González, a quien perfilan como el principal responsable del cuádruple homicidio; Óscar Armando Portillo, quien contactó a la familia de las víctimas en EE. UU.; Denis Vladimir Aguilar, quien manejó el microbús, y José Sixto Gómez, supuestamente ocultó evidencias del crimen.
«El móvil fue una vil y cobarde estafa que termina con el sueño y la vida de cuatro personas, entre ellos un menor de edad. Esto se trata de personas que vieron la posibilidad de venderse como especialistas de llevar salvadoreños a otros países es que vieron la oportunidad de estafar¬», manifestó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante una conferencia el 18 de octubre.
El titular de Seguridad indicó que cuentan con los videos de la gasolinera donde recogieron a las personas, videos de las gasolineras donde hicieron estaciones, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo, «la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito que en el cotejo nos pega con las llantas del microbús».
Agregó que al momento de arresto les incautaron dos armas de fuego con las que presuntamente mataron al grupo familiar y el microbús donde llevaron a las víctimas.
UN PRÉSTAMO PARA UN SUEÑO
En otro caso, Marco Torres (nombre cambiado) ocupó $3,700 de un préstamo bancario para pagar al coyote que lo dejó abandonado en México.
Marco intentó viajar hacia EE.UU. de manera ilegal en cuatro veces; en su tercer viaje conoció al coyote identificado como R.A.L.G., que meses después lo llevaría nuevamente y lo dejaría abandonado en una ciudad mexicana.
La víctima relató ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla que contactó con el imputado cuando estaba en San Cristóbal de las Casas, México y escuchó que hablaba con todas las personas y les decía que él «jalaba gente al otro lado» y que tenía un amigo en Puebla que los transportaba en «trocas», que en 36 horas subía de Puebla a Reynosa; brindaba su nombre de perfil en Facebook para que lo pudieran contactar si se decidían viajar con él.
Marco dejó el grupo, continuó su travesía y en las cercanías de La Estación de San Miguel Allende, Guanajuato fue detenido por migración y deportado a El Salvador en octubre de 2015.
Ya nuevamente en el país decidió contactar por Facebook a R.A.L.G. para viajar ilegal hacia EE.UU; el coyote le manifestó que le cobraría $7,000, pero la víctima le dijo que solo tenía $4,000, pero, tras verificar la cuenta se percató que solo contaba con $3,700 por lo que se volvió a comunicar con el traficante para rectificar la cantidad disponible.
Después de conversar sobre el tema llegaron al acuerdo que la víctima le entregaría $3,700 en El Salvador y los otros $ 1,000 los saldaría en el trayecto del viaje, y lo restante, es decir para completar los 7,000 dólares, los iba a pagar por cuotas cuando ya se encontrara en Estados Unidos trabajando.
«El dinero que tenía en la cuenta de mi esposa era producto de un préstamo realizado por mí en el Banco Agrícola Comercial agencia San Vicente el 13 de mayo de 2015, por la cantidad $6,724, del cual había tomado una parte para cancelar mi viaje anterior», dijo Marco ante el juzgador.
El 14 de noviembre emprendió nuevamente el viaje junto con otras personas, pasó por Guatemala, ya en México transbordando buses, lanchas y hasta caminando llegaron hasta el hotel Las Hojas situado en la entrada de la ciudad Veracruz donde fueron interceptados por policías federales y de migración quienes los sacaron de los cuartos y los detuvieron. Luego fue deportado vía terrestre el 28 de noviembre.
Con la intención de recuperar parte de lo invertido, Marco llegó a la casa de su coyote, situada en San Francisco Menéndez. Él le pidió que le devolviera $3,000 a su cuenta bancaria y el traficante se comprometió a devolver el dinero, pero nunca cumplió.
Después, en marzo de 2016 la víctima llamó al coyote para exigir su dinero y siempre le decía que se lo reintegraría, no pasó y Marco volvió a la vivienda del traficante, pero no lo encontró y solo estaba otro de los involucrados. La víctima expresó que si no le cumplían los iba a demandar, a lo cual uno de los implicados le dijo «que si los denunciaba lo iban a mandar a matar». Marco siguió comunicándose por Facebook con su victimario y exigía la devolución del dinero hasta expresar que lo denunciaría a lo cual el coyote respondió, «que lo hiciera a ver quién salía más jodido».
Por eso en julio de 2020, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a R.A.L.G, a seis años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas y a pagar $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
Entre 2019 y 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó 507 casos por tráfico de personas de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI). En 2019 fueron 322 víctimas denunciantes y para el 2020 esas denuncias se redujeron a 185 a escala nacional.
COYOTA COBRÓ $4,000 A MUJER QUE LUEGO ABANDONÓ EN MÉXICO
En junio de este año, el Juzgado Primero de Sentencia de Cojutepeque condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Ana Gloria Lemus Castillo por el delito de tráfico ilegal de personas, además deberá pagar $4,000 a la familia de la víctima.
Según las investigaciones, el caso sucedió en 2015 cuando la imputada acordó con familiares de la víctima, guiar trasladar y trasportar desde el municipio de San Rafael Cedros, Cuscatlán; fue así como el 1 de diciembre de ese año partieron con rumbo a EE. UU. evadiendo los controles migratorios, logrando trasladar a la víctima hacia México, donde la dejó abandonada y hasta la fecha se encuentra desaparecida.
En esa misma fecha, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel sentenció con seis años de prisión y a pagar $5,000 a Naún Alcides Fuentes, por el referido delito en perjuicio de una víctima de sexo masculino.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2018 cuando la víctima y el imputado acordaron que por $6,500 lo llevaría a Estados Unidos. La víctima le entregó $2,500 para emprender el viaje el 7 de febrero de ese año, siendo transportado y guiado en territorio salvadoreño de forma directa por el imputado, en zona fronteriza con Guatemala lo entregó a un «guía» quien lo transportó, albergó y guio hasta México, país donde fue localizado y retornado a El Salvador.
De regreso en el país, la víctima se contactó con el imputado, quien le ofertó un segundo viaje el cual iniciaron el 25 de marzo de 2018 siendo transportado, guiado y albergado de forma directa por el imputado hasta México, donde lo entregó a otro guía, quien lo cruzó el río Bravo, pero lo dejó abandonado en una zona desértica de EE.UU., lugar en el cual fue localizado por la Patrulla Fronteriza y retornado nuevamente a El Salvador.
