Por ley, toda persona que ejerce un cargo público está obligada a presentar declaraciones de bienes ante la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tanto al inició de sus funciones como al termino de su periodo, sin embargo, algunos diputados de la legislatura que cesó funciones el pasado 30 de abril aún no han presentado sus respectivos informes.
Según la ley de Probidad, los funcionarios públicos están obligados a rendir sus declaraciones en las que detallan todos sus bienes inmuebles (casas, departamentos, terrenos, entre otros) para que la CSJ pueda vigilar la honradez como servidores públicos, además a través de dicha declaración la Corte puede prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones.
Hasta el 10 de agosto de este año en total 24 de 49 exdiputados propietarios que dejaron su cargo el 30 de abril aún no habían presentado su declaración ante Probidad. De dicho total, 11 son de ARENA, 4 de GANA, 3 del FMLN, dos del PCN, dos independientes, uno del PDC y uno del CD.
Entre los diputados areneros que hasta el 10 de agosto no habían presentado sus declaraciones patrimoniales se encuentran Arturo Simeón Magaña, Jorge Adalberto Josué Godoy Cardoza, Jorge Luis Rosales Ríos, Karla Elena Hernández, Marta Evelyn Batres Araujo, René Gustavo Escalante, Ricardo Ernesto Godoy, Rosa María Romero, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Tomás Emilio Corea y Norman Quijano.
Este último se encuentra prófugo en Honduras desde hace 110 días, actualmente Quijano es requerido por la justicia salvadoreña acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. El pasado 7 de mayo, la jueza del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador solicitó a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para El Salvador que tramite la difusión roja con miras a localizar y extraditar a Quijano.
La resolución judicial que se ha enviado a la Interpol determina que la Fiscalía acreditó los indicios de participación de Quijano en fraude electoral, este delito se lo atribuyen por haber supuestamente entregado casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, en la que fue candidato.
Por su parte la lista de exdiputados del FMLN que aún no han presentado sus declaraciones patrimoniales se encuentran Daniel Alcides Reyes, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo y Jorge Schafik Handal, este último recientemente compareció ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondo públicos en oenegés fantasmas. Los diputados determinaron que su Fundación para la Democracia y el Desarrollo (FUNDASPAD) recibió más de $700,000 de legislaturas anteriores.
Desde 2012 a 2017, a FUNDASPAD le fueron erogados más de $700,000 en el Presupuesto General de la Nación, y recibió otros $340,000 del ministerio de Educación entre 2015-2017.
Los diputados denunciaron que FUNDASPAD, en los años en mención, nunca presentó la solicitud formal para recibir fondos, empero, los mismos si eran asignados en cada presupuesto.
Para el analista político Juan José Martel la Ley de Probidad ya está desfasada y que para determinar el incremento patrimonial de una persona deben buscarse otros mecanismos.
«Tenemos una ley que ya es demasiado vieja en cuanto a su vigencia, y todo el sistema necesita ser revisado porque no genera confianza, creo que la reforma constitucional puede ser un buen momento para revisar todos esos procedimientos, incluyendo las declaraciones patrimoniales», indicó Martel, quien entregarpa su declaración proximamente.
La presentación de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios públicos son un requisito legal para poder ejercer sus cargos, mediante estas la CSJ puede determinar los bienes pertenecientes al funcionario y su familia, y a la vez imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones.
