Rolando González es una de las víctimas del conflicto armado que lleva esperando casi 40 años para que el Estado salvadoreño le haga justicia por violaciones de derechos humanos cometidos a su persona.
Este ciudadano lamenta que no hay avances de las investigaciones en torno a su caso y teme que todo el esfuerzo realizado por algunas organizaciones para promover justicia a las víctimas sea en vano.
«No se hizo nada por la verificación y la reparación de las víctimas, hablamos de más de 75,000 asesinados, más de 10,000 desaparecidos», expresó.
González aún recuerda esos duros momentos que vivió. «Hace 39 años me capturaron, me torturaron, me desaparecieron 15 días y me encarcelaron 28 meses», dijo.
Este ciudadano es de la opinión de que las víctimas «tienen derecho a que se conozca la verdad de lo que pasó y a una reparación integral».
Este viernes 30 de octubre se llevará a cabo la tercera audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Ima Guirola –quien es vocera institucional de Cemujer y forma parte de los demandantes en el proceso de inconstitucionalidad– dijo que instituciones como la Asamblea Legislativa están obligadas a normar a tono con la sentencia de inconstitucionalidad, que fue emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016, con garantías internacionales de derechos humanos, justicia y reparación integral a las víctimas.
«Es el decreto legislativo 575 que fue vetado por el presidente de la República, la Asamblea Legislativa dejó eso ahí cuando la Constitución establece que una vez el decreto legislativo es vetado tiene un mecanismo que cumplirse en un plazo determinado porque no puede quedarse en el limbo y eso es lo que ha pasado desde el 28 de febrero», comentó.
Para Sonia Rubio, de Due Process of Law Foundation, el objetivo de la audiencia es examinar el cumplimiento del mandato derivado en dicha sentencia.
«La audiencia tiene el objetivo de examinar el cumplimiento de los mandatos que se emanaron de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, los mandatos son claros y generaron marco regulatorio al tema de justicia transicional para que pueda haber una verdadera reconciliación nacional en el país», dijo.
Rubio agregó que «la Sala dice que tiene que estar basado en la dignidad y derechos humanos, pero la Sala ha reconocido que los mandatos de esta sentencia no solo van para la Asamblea Legislativa sino que también va para otras entidades estatales como el órgano Ejecutivo y la Fiscalía»
El decreto 575 elaborado por la Asamblea Legislativa fue vetado por el presidente Bukele en febrero. En esa ocasión dijo que «Es una simple y llana amnistía, cuyo único objetivo es aminorar y desaparecer las penas para los criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad».
