Mauricio Navas sale de su casa en Soyapango, San Salvador, a las 6:00 de la mañana todos los días hacia su lugar de trabajo en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Su viaje en el transporte público es como una pesadilla, ya que debe soportar que los motoristas «escuchan música a todo volumen, y casi siempre se pelean la vía con otro conductor de la misma ruta».
La experiencia de Navas es similar a la de Claudia Torres, quien asegura que su retorno en autobús a casa es un martirio porque «se acumula el cansancio que uno trae, el tráfico, y venir parado con el miedo de caerse si no se agarra bien por lo rápido que conducen».
Como Navas y Torres hay cientos de usuarios del transporte colectivo de pasajeros que se quejan de las malas acciones de los motoristas, sancionadas por la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En los últimos dos años la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) ha impuesto 57,966 infracciones a conductores de distintas rutas del transporte público. Solo durante 2019 fueron 37,471 esquelas, mientras que en 2020 toalizaron 20,495.
Los autobuses de la ruta 29, que hacen recorrido desde Ilopango hasta el bulevar Los Héroes y viceversa, en San Salvador, encabezan el listado de las unidades con conductores con más infracciones sancionadas. Solo estos buses y microbuses acumularon, en los dos últimos años, 2,906 esquelas.
Al listado se suman los de la ruta 140, que va de San José Guayabal, en Cuscatlán, hacia San Salvador, y viceversa. A los conductores de estas unidades les impusieron 1,802 esquelas el mismo periodo.
En tercer lugar, de la lista con más infracciones está la ruta 41-A, que tiene su punto en Soyapango, San Salvador. Entre las tres sumaron en los dos años 6,190 esquelas.
La ruta 4, que va para Ciudad Delgado, la 3, 113, 101 y 201 son parte también de las principales del transporte colectivo que registran más infracciones a la Ley de Tránsito.
En El Salvador, 11,000 buses y microbuses forman el parque vehicular del transporte público, según el Viceministerio de Transporte (VMT).
Conducir sin estar autorizado ha sido la infracción que más han cometido los conductores de estos automotores; en 2019 se levantaron 4,548 esquelas por esta transgresión y en 2020 totalizaron 2,762.
También circular a mayor veloci-dad que la reglamentaria, no respetar las paradas, estacionarse más tiempo de lo necesario para bajar y subir pasajeros, ir con las puertas abiertas y sobrepasar vehículos, son otras faltas comunes que comenten los motoristas del transporte público, según los datos de la División de Tránsito.
«Este es un tema bien preocupante, porque nosotros hablamos con los empresarios y decidimos que para educar a la gente es indispensable el trabajo que hacen los motoristas. Si ellos no le paran a la gente en cualquier parte, las personas buscarán la parada de bus; pero es mala costumbre», explicó Alex Lemus, jefe de la División de Tránsito Terrestre.
Consecuencias van más allá de la sanción económica
tas se traducen en cientos de accidentes de tránsito a escala nacional, y esta situación se agrava cuando los buseros acumulan varias esquelas y aún así continúan en las unidades de transporte colectivo.
«Hay una corresponsabilidad fuerte de los empresarios de transporte porque la preocupación de ellos es que no hay personas para que les manejen sus unidades, y por eso contratan, aunque no tengan licencia, pero es una falta de conciencia contratar a alguien no autorizado para manejar un autobús que conduce varias personas. Es un atentado contra la gente», explicó Lemus.
Cientos de motoristas de buses y microbuses colectivos adeudan miles de dólares al fisco, y pese a que tienen 5, 10, 20 y hasta 100 esquelas, siguen conduciendo.
Autoridades de Tránsito aseguranque esta situación podría solventarse solo modificando la ley para que obligue a los conductores a pagar las esquelas o imponerles medidas más duras.
«La impunidad es la principal consecuencia porque el infractor no llega a pagar las multas que se le imponen, porque no hay una ley que le obligue de forma coercitiva. El conductor puede ir acumulando, pero no hay nada que lo obligue a pagar», puntualizó Lemus.
Ahondó que «modificando la ley, haciéndola un poco más drástica y que obligue al conductor a pagarlas, y si no imponer una sanción que vaya más allá de una simple multa económica, es la única solución».
