Miedo, impotencia e incertidumbre es lo que acecha cada día a la población en la Hacienda La Normandía, Jiquilisco, Usulután, tras pasar más de 25 años amenazada de perder sus viviendas por una corrupción de exfuncionarios quienes duplicaron escrituras para otros compradores y ahora ellos quieren despojarlos de sus tierras.
Son más de 700 familias aproximadamente las que se quedarían sin ingresos por la supuesta corrupción de Fredy Mancía, exalcalde del PDC en Jiquilisco quien tituló tres terrenos que ya eran parte de la Cooperativa Normandía donde los agricultores han construido sus casas y parte la utilizan para la siembra. «No sabemos si hubo dinero de por medio», dijeron los habitantes de la Hacienda.

Isaías Blanco, presidente de la cooperativa, explicó que, en 1980, gracias a la Reforma Agraria, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) logró entregarles 1,376 manzanas de tierra que fueron compradas por los socios de la cooperativa en $620,000, monto que lograron pagar «con un esfuerzo muy grande», a través de las cosechas que logran comercializar. Los agricultores cancelaron el crédito en 2010, junto a ello, se han mantenido peleando la legalidad de su escritura.
«Hasta entonces era una escritura limpia sin gravámenes. Fue en 1995 cuando el alcalde de aquel entonces tituló, montados en la propiedad de la Cooperativa, tres terrenos a los tres campesinos quienes decían que eran dueños de un terreno rústico. Desde ahí comenzó la ilegalidad», contó Blanco.
Según cuentan los pobladores de la referida Hacienda, el alcalde tituló 876 manzanas de tierra a tres compradores. Los títulos los inscribieron en el Centro Nacional de Registros, CNR. «Ellos también se prestaron para eso y han hecho como 7 compraventas a cada escritura para darle vida jurídica», explicó Blanco.
Entre los actuales propietarios está la empresa textil Giulianna y Elba Josefina Peña Viuda de Flores, quien según registros del CNR, es una comerciante, aparece como propietaria de una floristería y fue la titular de un proyecto de lotificación Nueva Anamorós, en La Unión en 2017. En 2004 también fue señalada a pagar y desocupar un local por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador tras ser denunciada de no pagar los cánones de arrendamiento y servicios básicos como luz y agua.
FALLOS CONTRA LA COOPERATIVA
El miedo de los habitantes de La Normandía, además de perder sus viviendas, es que estarían robándoles las «tierras más fértiles para la siembra y la reserva de agua. Lo peor es que los otros supuestos dueños no saben ni dónde están ubicados los terrenos. Técnicamente no hay ubicación y físicamente tampoco los han podido ubicar las veces que han venido», aseguró Blanco.
Miguel Sandoval, socio de la Cooperativa, explicó que las escrituras duplicadas tienen errores en la ubicación, ya que en ellas se establece que los terrenos «están ubicados en el cantón El Paraíso, sin embargo, la cooperativa está en el cantón Nueva Cruzadilla de San Juan», mencionó.
Lo más lamentable para los habitantes es que seguido de las amenazas que existen de ser despojados de sus tierras no han tenido apoyo de gobiernos anteriores ni de los jueces, pese a que las escrituras no tienen legalidad. «Hasta hoy que hemos visto que funcionarios se interesan», dicen.
Los pobladores han acudido a instancias judiciales para demostrar la legalidad de la escritura que poseen y aunque tienen las pruebas respectivas «el juez falló contra la cooperativa en junio de 2012. Nos obligaba a entregar 536 manzanas de tierra. En todo se falló en contra, pero en 2014 se revirtió todo», contó Blanco.
«Como cooperativa pusimos una demanda de nulidad de título en todas las compraventas. Esto se presentó en febrero de 2014 en el Juzgado de Jiquilisco y hasta hoy no hemos llegado ni a la audiencia preparatoria», señaló Blanco.
«En tres ocasiones, el juez ha puesto por inoponible el juicio aludiendo que hay cosas juzgadas y la tres veces la Cámara de Segunda Sección de Oriente le ha dicho que siga con el proceso y que realicen la audiencia preparatoria», añadió.

APOYO DEL GOBIERNO
Esta problemática ya está siendo abordada por el Gobierno actual. Funcionarios se han reunido con los agricultores para brindarles asesoría y apoyo para que se resuelva la legalidad de títulos.
«No hay forma legal para emitir ese título, ahí hubo corrupción. Les hemos dicho a las familias que tienen nuestro apoyo», ha dicho la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien se ha identificado con encontrar solución a la problemática de La Normandia y sus habitantes.
Continuo a la solicitud de nulidad de título, los agricultores fueron demandados en 2016 por la señora Viuda de Flores por daños y prejuicios porque «nosotros le estamos trabajando la propiedad que supuestamente ella tiene. Viene el Juez de Primera Instancia de Jiquilisco y nos condena a pagarle $317,00, sabiendo que aún estaba en disputa la legalidad del título», detalló Sandoval.
La resolución anterior le ha perjudicado grandemente a la cooperativa, «desde 2019 tenemos embargadas las cuentas bancarias, a raíz de eso no somos sujetos a crédito. Media vez llega un dinero a la cooperativa ellos están en potestad de agarrarlo», reiteró Blanco.
Los agricultores dicen que todo el proceso legal les ha costado más de $200,000 y exhortan a los jueces que haya justicia. «No hemos visto ganancias que habíamos tenido antes, nos hemos tenido que desgastar económicamente también para defendernos legalmente. Los mismos socios de la cooperativa se han endeudado para seguirnos defendiendo porque estamos seguros que tenemos la legalidad», afirman el agricultor.