La empresa china GoldWill Industrial Limited, S. A. de C. V., propiedad de Bo Yang interpuso una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en Santa Tecla contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por dejar sin efecto el proceso de licitación pública mediante el cual la empresa demandante suministraría e instalaría equipo tecnológico en el centro de procesamiento de resultados durante las pasadas elecciones del 28F de este año.
En la demanda, que ya fue admitida por la Cámara, la empresa china solicita al TSE que les cancele $421,776.43 en concepto de indemnización por las ganancias que dejó de percibir la empresa debido a lo que ellos consideran una denegación ilegal de la referida adjudicación.
En diversas ocasiones se ha señalado que el TSE benefició a la empresa GoldWill Industrial Limited, S. A. de C. V., la cual ha sido cliente frecuente del despacho del magistrado del TSE, Guillermo Wellman.
Según las denuncias que se conocieron, el propietario de esa empresa Bo Yang, ha ganado varios procesos de contratación como proveedor del Tribunal, por dichos negocios las autoridades del Departamento de Estado de EE.UU. incluyeron al magistrado Wellman en la lista Engel publicada el pasado 1 de julio y le han retirado la visa para viajar a ese país.
Respecto a la inclusión de su nombre en la lista Engel, Wellman publicó el pasado 2 de julio una serie de tuits en las que adjunta fotografías de unas cartas enviadas al TSE y el Secretario de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken en las que asegura sentar su posición respecto a los señalamientos que se le hacen.
En el documento Wellman menciona que como magistrado nunca ha tomado decisiones al margen de la ley, a la vez que solicita una reunión con algún representante de la administración del Secretario Blinken para conocer los elementos en que las autoridades estadounidenses se han basado para incluirlo en la lista.
Estados Unidos acusa al exasesor de ARENA, de facilitar «la influencia maliciosa china» en El Salvador y atrasar el proceso eleccionario para su beneficio.
Wellman también ha sido señalado porque tuvo doble sueldo cuando fue asesor del grupo parlamentario de ARENA y, a la vez, asesor jurídico en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El cobro que hacía el abogado mucho antes de ser magistrado salió a la luz con la revelación de las plazas fantasma en la Asamblea Legislativa que denunció a inicios del mes de marzo el sindicato de trabajadores del congreso.
En la plaza que tuvo en el Órgano Judicial, la CSJ se vio obligada a despedirlo debido a que tenía una dualidad de funciones, ya que al mismo tiempo que daba asesoría a la Corte también lo hacía para el partido ARENA en la Asamblea Legislativa con una plaza nominal de «colaborador jurídico».
Cuando la CSJ separó a Wellman de su cargo de asesor, los magistrados argumentaron que fue porque «nunca mencionó que también era asesor de la Asamblea Legislativa».
Con respecto a las plazas fantasma el magistrado dice que su puesto de trabajo no está relacionado con ese tipo de contrataciones.
Para probar la legalidad de los cobros que hizo como asesor de ARENA, Wellman se refirió a un listado de 2018 donde se encuentra su nombre con el salario más alto ($4,000); sin embargo, aseguró que en ese tiempo aún no había sido nombrado magistrado del TSE.
El abogado agregó que si bien es cierto que tenía un sueldo de $4,000 cuando era asesor del partido tricolor, tampoco los percibe desde que comenzó su cargo en el TSE como magistrado propietario.
Wellman fue electo magistrado el 30 de julio de 2019 por el expresidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano [prófugo]. El cargo es para un período de cinco años, que vencerá el 31 de julio de 2024.
Esto significa que al terminar su período regresará al parlamento con el cargo de asesor legislativo que tenía dentro de la fracción parlamentaria de ARENA y con su antiguo sueldo de $4,000.
A Wellman también se le ha cuestionado su independencia en el ente electoral por haber sido asesor y diputado suplente del partido ARENA porque, aunque asegura que ya no pertenece a ningún instituto político, las críticas sobre la imparcialidad de su trabajo han quedado establecidas dentro del proceso electoral.
