Homicidas, extorsionistas, agresores sexuales, estafadores, funcionarios corruptos, entre otros, forman parte de los más de 11,000 imputados declarados rebeldes por no presentarse a cualquiera de las audiencias luego de ser citados y notificados en los últimos tres años, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde 2018 hasta mayo de este año, el ministerio público registra 11,057 imputados a quienes se ha declarado rebeldes, luego de que, «sin justa causa, no se apersonaron al juzgado, tribunal o a cualquiera de las audiencias del proceso o se fugaron del lugar de su privación de libertad», tal como establece el artículo 86 del Código Procesal Penal.
Uno de los imputados declarados rebeldes más recientemente es Earle René Reyes Morales, hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, a quien el 4 de junio el Juzgado Sexto de Instrucción le decretó una orden de captura debido a que no compareció a la audiencia especial en la que le iban a notificar la acusación de lavado de dinero y activos que le hace la Fiscalía.
El ministerio público acusa a Sigfrido Reyes Morales y a otras 13 personas de crear una red para supuestamente lavar más de $6 millones. De acuerdo con las investigaciones, solo el expresidente de la Asamblea supuestamente lavó $781,844.77.
Reyes Morales es uno de tantos que figuran como prófugos de la justicia salvadoreña. Solo para 2018 la Fiscalía registra 4,167 personas declaradas rebeldes; 3,640 durante 2019, más 2,228 para el año pasado. En lo que va de este año ya hay 951 personas que no se han presentado para responder por los cargos de los que las acusan.
El delito por el que más se ha emitido dicha declaratoria es el de agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas. Para este se registra a 2,644 rebeldes, seguidos de más de 1,700 personas por homicidio. Además, la lista comprende a prófugos por extorsión, incumplimiento de deberes, posesión y tenencia de droga, amenazas, entre otros.
Roberto Arévalo, juez Sexto de Instrucción de San Salvador, asegura que en algunos casos se presenta la defensa del imputado, pero que esta no siempre es suficiente, por lo que se opta por su captura.
En los juzgados de San Salvador es donde más se han declarado rebeldías, con 2,601 casos. Les siguen los de San Miguel, donde se registran 1,188 prófugos. En Santa Ana hay 1,176; La Libertad registra 1,083; Sonsonate, 1,011, y La Paz, 619 imputados.
La rebeldía significa que el caso se estanca, ya que no se debe continuar el proceso sin el imputado. «Lo importante de esta declaratoria es que el acusado se presente, sin importar el tipo de delito, incluso en los casos más sencillos, en los que no hay pena de cárcel, como expresiones de violencia hacia las mujeres, con eso se obliga al imputado a estar o venir por la fuerza», explicó Arévalo.
La amenaza: la prescripción
Los datos que registra la Fiscalía demuestran que anualmente son miles las declaratorias de rebeldía las que se emiten en los distintos procesos, y la amenaza de estos casos es que no se llegan a sentenciar y, por el tiempo que transcurre, prescriben.
«Tuve un caso en el que durante todo el proceso el imputado no compareció, y cuando llegó el momento de la prescripción apareció el abogado y se le declaró sobreseimiento porque ya había prescrito. Sin embargo, cuando hay responsabilidad civil, queda aún abierta», ahondó Arévalo.
El juez Sexto de Instrucción dice que la falta de vivienda propia, la falta de conciencia de la población y la falta de educación son algunos de los factores principales por los que considera que los imputados no se presentan a enfrentar la justicia.
«Si alquilo y me anda siguiendo la justicia, solo me voy a esconder. El segundo factor es que las personas piensan que el delito del que las acusan no tiene mayor relevancia y deciden no presentarse, y, por último, a veces se está rodeado de malos consejos por el miedo a que lo manden a prisión y no siempre es así»>, explicó el juez.
