E l expresidente de la república José Alfredo Cristiani Burkard figura en un listado de presidentes activos y exmandatarios de América Latina y del mundo que están señalados de poseer negocios «offshore» en los denominados paraísos fiscales, instalados en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá, en los que alejados de cualquier control fiscal de sus países de origen pueden acumular fácilmente ingresos obtenidos, incluso, de forma ilícita.
La información publicada por el periódico español «El País» señala al expresidente Cristiani (1989-1994) de ser el propietario o presidente de 15 empresas «offshore», situadas en las Islas Vírgenes y Panamá; las cuales se originaron en 1992 cuando aún desempeñaba su cargo como gobernante del país. La creación de estas compañías involucró a varios familiares del exmandatario que desempeñaban cargos de copropietarios o directores.
«Siete de esas entidades permanecían activas en 2018. Cristiani declinó responder, pero un representante legal aseguró que todos los negocios que realizó el exmandatario fueron de acuerdo con la ley», consignó «El País».
Entre el menú de «beneficios» que ofrecen los paraísos fiscales está la discrecionalidad de accionistas y beneficiarios.
Sin embargo, la información publicada en el contexto de la investigación periodística denominada Pandora papers reveló que en las compañías relacionadas con Cristiani figuran como accionistas su esposa, Margarita Llach; así como sus hijos, Alejandro Félix, Javier Alfredo (este último falleció en un accidente vial en junio de 2019) y Claudia Margarita. También, se men[1]ciona al hermano del exmandatario, Antonio Juan, y a sus dos hijos.
El medio digital consignó que en las Islas Vírgenes hay registros de ocho empresas vinculadas con Cristiani; ocho más fueron detectadas en Panamá en las que hubo, entre 2005 y 2008, transferencias de más de $1.4 millones.
FRANCISCO FLORES Y TAIWÁN
La publicación de «El País» también hace referencia al expresidente Francisco Flores (fallecido en 2016), el cual tenía entre 2005 y 2006 varias empresas en Panamá y en las Islas Vírgenes.
«Una de ellas apareció en la investigación judicial sobre una posible malversación de fondos de emergencia para zonas del país afectadas por un terremoto.
Se habría usado para transferir casi $1 millón desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco panameño», consignó el medio español.
El caso se refiere al desvío de fondos otorgados por Taiwán para los afectados por los terremotos de 2001.
Actualmente, los resultados de las investigaciones de las autoridades salvadoreñas han revelado que los cheques que recibió Flores fueron transferidos a las cuentas bancarias del partido ARENA.
También, que los fondos fueron usados para financiar la campaña electoral de Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión en 2018 por el desvío de fondos y lavado que superan los $300 millones.
