El Gobierno del presidente Nayib Bukele le dará un nuevo rostro a la inversión pública en los 262 municipios del país. El Ejecutivo busca que una parte de las transferencias económicas sea usada libremente por las comunas, y que el resto se ejecute directa y eficientemente en proyectos que impulsen el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes.
A través del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa varias iniciativas orientadas al desarrollo municipal, que incluyen una nueva legislación para las transferencias económicas a los gobiernos locales y la creación de una institucionalidad gubernamental para la inversión local.
La propuesta de la futura normativa para asignar recursos del Estado a las municipalidades, una vez aprobada y en vigor, establecerá que las asignaciones presupuestarias para cada municipio se otorguen basadas en criterios de población (50 %), de equidad (25 %), de pobreza (20 %) y de extensión territorial (5 %).
El Ejecutivo planteó que con la nueva normativa se trasladarán recursos del presupuesto general del Estado a cada alcaldía, «ajustados a los desafíos y las necesidades reales de cada municipalidad, así como a la situación de las finanzas públicas».
La nueva estructura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) ahora estará constituida con el 1.5 % de los ingresos netos corrientes del presupuesto general.
La nueva designación económica para los municipios, según lo establece el proyecto de ley del Fodes, «deberá consignarse en el mismo [presupuesto] en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual».
Las transferencias a los 262 gobiernos locales se financiarán con subsidios y aportes estatales, aportes y donaciones, préstamos externos e internos, bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciban.
El presupuesto general del Estado para el año próximo es de $7,967 millones, de acuerdo con el anteproyecto de gastos, por lo que en 2022 las comunas en su totalidad recibiría $119.5 millones, que se repartirán según los criterios señalados.
Los jefes municipales podrán utilizar libremente el dinero que de forma directa les transferirá el Gobierno. «El citado porcentaje, a transferir a las municipalidades, será de libre disponibilidad», reza el inciso último del artículo 1 de la nueva ley del Fodes. Luego añade: «Por tanto, podrá ser destinados a los propósitos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal».
La entrega material y efectiva del Fodes a las municipalidades será directamente efectuada por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
La nueva legislación que regulará el Fodes es de carácter especial y, por tanto, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe, incluso el Código Municipal.
Asimismo, establece que la Corte de Cuentas de la República y las direcciones generales de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental serán las garantes del cumplimiento fiel de la normativa una vez entre en vigor.
El congreso recientemente aprobó la disposición especial transitoria que permite a la cartera de Hacienda auditar $191.7 millones que las alcaldías recibieron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
La normativa surgió por la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ante la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para auditar y fiscalizar el uso de los fondos que recibieron las alcaldías.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se encargará de asumir las deudas contraídas por las 262 municipalidades, mismas que tuvieron como respaldo las transferencias monetarias que recibían del Gobierno Central.
El proyecto de ley de creación del nuevo Fodes establece que será la Dirección General de Tesorería de Hacienda la que «asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de cuotas que los municipios adeudan a entidades financieras en todo el país».
