Han pasado más de 48 horas desde que el pasado 16 de noviembre el fiscal general, Rodolfo Delgado interpuso un recurso de amparo contra una resolución dictada por la Sala de lo Penal que ordenó el cierre del caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989 y ninguna de las dirigencias de la UCA, ni el abogado Arneau Baulenas se han pronunciado sobre la diligencia del titular del ministerio público que busca reabrir la causa penal.
Contrario a lo que pasó el año pasado tras conocer que la anterior Sala anuló el proceso penal contra los procesados por la masacre de los religiosos, las reacciones del rector de la UCA, Andreu Oliva, el director de la Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), José María Tojeira y Baulenas fueron de inmediato.
En esa ocasión Tojeira escribió en su cuenta de Twitter, «A un sobreseimiento corrupto de los acusados de matar a los jesuitas, le sucede ahora una confirmación de la validez del acto corrupto del pasado en la Sala de lo Penal. El pasado oscuro de los magistrados Argueta y Bolaños surge de nuevo al confirmar un acto corrupto del pasado».
Por su parte Baulenas tuiteó, «la Sala de lo Penal ordena que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre de la UCA. Esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía», añadió, «la Sala de lo Penal revoca la decisión del Juzgado de Paz y la Cámara y declara que el caso en contra de los autores intelectuales NO procede. Esto en respuesta a un recurso que a todas luces era INADMISIBLE e irrespetando sus propios precedentes».
De igual forma, el rector Oliva dijo, «es una sentencia corrupta, porque no toma la jurisprudencia del pleno de la Corte Suprema ni de la Sala Constitucional, donde dice que estos crímenes de lesa humanidad deben ser llevados a la justicia».
UCA denunció a dos magistrados que cerraron el caso Jesuitas
Días después de la resolución de la Sala de lo Penal en la que se cerraba el caso Jesuitas, el Idhuca presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque según ellos existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato.
De acuerdo con el Idhuca, los magistrados habrían incurrido en el ilícito porque, entre otros motivos, para negar la reapertura del Caso Jesuitas, «en su decisión sobre la casación ilegalmente solicitada por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia inexcusable, cualquier referencia a la sentencia definitiva de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac».
Esa sentencia declaró inconstitucional la amnistía absoluta y como no prescritos los crímenes detallados en el Informe de la Comisión de la Verdad o los de lesa humanidad, en el que se incluye el Caso Jesuitas, así como aquellos de igual o mayor trascendencia y gravedad cometidos durante el conflicto armado.
La institución aseguraba que, debido a esa omisión, Argueta Manzano y Bolaños Sandoval dictaron una sentencia «injusta», porque, en primer lugar, desconocieron la jurisprudencia constitucional que es general y obligatoria para toda la institucionalidad pública y sociedad civil. Y, en segundo lugar, porque los efectos de tal sentencia violan los derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, que les reconoce la jurisprudencia constitucional, en conexión con los parámetros internacionales.
La institución calificó la sentencia como un verdadero atentado contra el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en El Salvador porque promueve la impunidad.
«Por tanto, es procedente exigirles a las demás instituciones públicas que, en el ejercicio de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para corregir y sancionar esta situación: al Fiscal General de la República para que investigue y promueva las respectivas acciones legales; a la Asamblea Legislativa para que proceda con el proceso de antejuicio en contra de ambos magistrados y declare la formación de causa; y, al sistema judicial para que proceda al enjuiciamiento y sanción de ellos, con base en el debido proceso», expresó entonces, el Idhuca.
