Los diputados de Nuevas Ideas Christian Guevara, Caleb Navarro, Marcela Pineda, Rebeca Santos, Wálter Alemán, Edgardo Mulato y José Urbina consideran que hay suficientes elementos probatorios que demuestran que el partido ARENA ha sido utilizado por sus exdirigentes y exmiembros para cometer actos ilegales —como negociación y financiamiento de las pandillas—, y por tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe cancelarlo como instituto político.
El partido fue fundado el 30 de septiembre de 1981 por el ultraderechista Roberto d’Aubuisson Arrieta, señalado como el autor intelectual del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya canonizado por la Iglesia católica.
Para Guevara, el comportamiento que ha tenido ARENA con el paso de los años demuestra que es una «estructura de crimen organizado al servicio del lavado de dinero y de otros ilícitos»; por lo tanto, Urbina pidió que la Fiscalía y «todo el sistema de justicia emprendan acciones» en contra del partido y «no tambalee ante estos poderes oscuros».
ARENA gobernó por dos décadas con cuatro presidentes. Dos ya fallecieron, pero todos están inmersos en señalamientos de actos de corrupción. El primer mandatario con la bandera tricolor fue Alfredo Cristiani. En su administración —y como comandante general de la Fuerza Armada—, el batallón Atlacatl perpetró, el 16 de noviembre de 1989, la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En 2011 y en 2016, los militares involucrados en la masacre fueron requeridos por la Audiencia Nacional de España; sin embargo, la correlación de magistrados en el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó ambas peticiones de extradición. Asimismo, la Sala de lo Penal de la CSJ dictó el 8 de septiembre de 2020 el sobreseimiento definitivo de los militares; no obstante, el 16 de noviembre pasado el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional para revertir esa resolución, la cual fue admitida el 25 de noviembre anterior.
Eso significa que el caso de la masacre tendrá un nuevo juicio y, según el nuevo fiscal general, no hay dudas de que Cristiani —en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada— tuvo «un nivel de involucramiento» en ese crimen de lesa humanidad.
Cristiani se ha mantenido en la polémica, y hace cinco meses una comisión especial de la Asamblea Legislativa lo citó para que explicara cómo fue el mecanismo que utilizó para el pago de sobresueldos a los funcionarios de su Gobierno.
El presidente de la república, Nayib Bukele, reveló recientemente que la exencargada de Negocios interina de Estados Unidos, Jean Manes, le pidió que Cristiani no fuera procesado por la entrega de sobresueldos.
En octubre pasado, el expresidente salió salpicado en una investigación periodística internacional, conocida como Pandora Papers, por tener al menos ocho empresas «offshore» en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, esto con el fin de evitar el pago de impuestos en El Salvador. La investigación fue publicada por el periódico español «El País».
Desde 1994 hasta 1999, ARENA gobernó el país con el presidente Armando Calderón Sol. El 2 de octubre pasado, su exsecretario privado, Ángel Benjamín Cestoni, confirmó ante la misma comisión especial que en el Gobierno de Sol dio sobresueldos a los funcionarios, mecanismo con el que se evadía el pago de impuestos.
La entrega de dinero público sin controles fiscales fue también una práctica en el tercer Gobierno de ARENA —de 1999 a 2004—, dirigido por el presidente Francisco Flores. En su mandato, Taiwán donó $10 millones para los damnificados de los terremotos que afectaron al país en 2001. Sin embargo, según acusación fiscal, el dinero fue a parar a las arcas del partido ARENA para financiar la campaña política del cuarto presidente, Elías Antonio Saca.
Por el desvío millonario se inició un proceso de investigación en la gestión del exfiscal general Raúl Melara, pero el nuevo fiscal fue quien ejecutó la extinción de dominio de la sede central del partido tricolor en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, para recuperar los fondos donados.
En octubre pasado, los Pandora Papers revelaron que Flores tenía —al igual que Cristiani— varias sociedades «offshore» entre 2005 y 2006 en Panamá y en las Islas Vírgenes, y que una de esas empresas fue utilizada para transferir $1 millón del donativo de Taiwán hacia una cuenta personal de Flores.
Saca fue el último presidente de ARENA y gobernó al país desde 2004 a 2009. Está condenado a 10 años de prisión por actos de corrupción en su Gobierno, y, al igual que sus antecesores, mantuvo el mecanismo de pago de sobresueldos a sus funcionarios.
El partido de derecha perdió la presidencia de la república en las elecciones presidenciales de 2009 en contra de Mauricio Funes, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y con siete procesos penales en El Salvador por actos de corrupción en su gestión.
El instituto tricolor quiso recuperar el control del Ejecutivo en las elecciones de 2014 y su candidato —Norman Quijano— se reunió con pandilleros para buscar su respaldo en las urnas. La reunión fue en la Red Nacional de Pastores de la colonia Flor Blanca, en San Salvador, y de ese encuentro los pandilleros grabaron un video que posteriormente fue incorporado como prueba por la Fiscalía.
La investigación señala a Quijano de haber ofrecido a los terroristas el cierre de instalaciones militares en Chalatenango y La Unión y la entrega de $100 millones del presupuesto general del Estado 2015 para programas de reinserción para integrantes de estructuras delincuenciales.
Además, según la investigación, el partido ARENA entregó por medio del exguerrillero, columnista y miembro directivo de «El Diario de Hoy» Paolo Lüers $100,000 a las tres principales pandillas de El Salvador a cambio del respaldo electoral para Quijano. Lüers ha negado la entrega de dinero a esas estructuras. También se negoció el nombramiento del ministro de Justicia y Seguridad Pública y la reducción de la operatividad en las zonas de alto riesgo delincuencial, según la Fiscalía.
Por estos hechos, el excandidato presidencial de ARENA —ahora diputado del Parlamento Centroamericano— fue desaforado el 14 de diciembre pasado por la nueva Asamblea y deberá ir a los tribunales por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
«Norman Quijano se sentó con los pandilleros a negociar, lo ha visto toda la población. Los salvadoreños exigen la cancelación de ARENA», dijo la diputada Santos, fiscal del caso en la comisión de antejuicio de Quijano.
