El 89% de los pandilleros y colaboradores detenidos durante el régimen de excepción ya enfrentaron la primera audiencia del proceso penal y los jueces especializados de instrucción resolvieron dejarlos en prisión.
Según el último informe oficial proporcionado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, policías y soldados han detenido a 50,851, mientras que la Fiscalía General de la República ha detallado que los 45,260 que enfrentaron audiencia de imposición de medidas, quedaron recluidos.
Tras esos resultados, un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República destaca que «la Guerra contra las pandillas ha propiciado la temporada más tranquila para la población desde que hay registro. Una histórica disminución de los homicidios, las extorsiones y de otros delitos ahora permite que las personas puedan pensar en su prosperidad económica».
El informe retoma declaraciones del presidente Nayib Bukele respecto a la estrategia de seguridad que su gobierno comenzó a implementar desde que llegó a Casa Presidencial y comenzó a implementar el 21 de junio de 2019 el Plan Control Territorial dinamizado con el régimen de excepción instaurado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.
«Estamos en camino a ser el país más seguro de América Latina. Así suene como que no pudiera ser real, pero ustedes lo están viviendo en sus casas, en sus colonias, en sus pasajes», manifestó el presidente.
La Secretaría de Prensa publicó que «gracias a las medidas que ha promovido el Gobierno es que ha sido posible debilitar las estructuras de los grupos terroristas, dejarlos incomunicados y atender las denuncias ciudadanas con eficiencia».
Reformas
Se menciona que gracias a las herramientas jurídicas que ha dado el régimen de excepción los pandilleros y colaboradores han quedado en prisión.
Tres días después de iniciado el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y la Ley Penal Juvenil para incrementar los años de cárcel a pandilleros, colaboradores y sus financistas.
Es así como para los mareros procesados, los jueces les comenzaron a aplicar desde el pasado 9 de abril las modificaciones que el 30 de marzo de 2022 fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.
La pertenencia a una pandilla es sancionada con prisión de 20 a 30 años y es calificado por el Código Penal como agrupaciones ilícitas. Los cabecillas, financistas y creadores de esos grupos de crimen organizado que sean condenados en vista pública, recibirán de 40 a 45 años.
Antes de las enmiendas, el Código Penal facultaba a los jueces condenar de tres a cinco años a los responsables de agrupaciones ilícitas. Cuando los funcionarios hablaban de la situación jurídica de los colaboradores, les imponían tres años y les reemplazaban esa pena por reglas de conducta que eran controladas por los juzgados de vigilancia penitenciaria.
A los miembros activos de las pandillas, los condenaban a cinco años por agrupaciones ilícitas y los cabecillas recibían de seis a nueve años, que era la pena máxima que el Código Penal establecía.
Con las modificaciones, esa penas leves desaparecieron y los mareros pueden llegar a recibir hasta 45 años cuando se trate de cabecillas.
La Ley Penal Juvenil también es aplicada con las reformas. A partir de los 12 años un menor es juzgado como adultos y pueden recibir 10 años de cárcel y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años de prisión.
