El analista y abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo explicó ayer que la Constitución de la República avala las prórrogas del régimen de excepción, medida que el Gobierno Central ha utilizado junto con el Plan Control Territorial para capturar a miembros de maras y pandillas y poner a El Salvador en niveles históricos de seguridad.
Desde el 27 de marzo pasado el estado de excepción ha sido prorrogado cinco veces, con los votos favorables de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, mientras que ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no han dado sus votos, absteniéndose o votando en contra.
«La prórroga, en los términos que yo se lo estoy poniendo, me parece adecuada. [Por ejemplo] en el problema logístico de 10,000 pandilleros acusados. En condiciones normales tendrían que llevarlos en 72 horas a los tribunales. Hay algunos que [posiblemente] tengan preformado el caso, porque [la autoridad] conoce quién es, conoce la acusación, y probablemente tenga orden de captura. Pero hay de otra cantidad de gente que no tiene casos preformados, y solo hay indicios. Esos indicios tienen que estructurarlos para poder presentarlos al juez y pedir la detención», explicó el analista en la entrevista Frente a Frente.
En ese sentido, refutó los argumentos de la oposición política que señalan que las prórrogas son inconstitucionales. «El argumento de estas personas es que ya desapareció la condición presupuestada por la Constitución. [Pero,] yo no lo llamaría inconstitucional, porque eso depende más bien del nivel de información que disponga el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene más datos [en materia de seguridad] de los que nosotros tenemos», argumentó Galindo.
Recomendó que «hay que confiar en que el Gabinete de Seguridad» tiene la información necesaria para considerar que «todavía se requiere ese régimen» para combatir a las pandillas. La Presidencia de la República informó recientemente que el estado de excepción ha permitido la captura de más de 51,500 mareros y pandilleros.
Para el analista -quien también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública en el tercer Gobierno de ARENA- el régimen de excepción debe «continuar» debido a los resultados efectivos en materia de seguridad.
Al solicitar la última prórroga de la medida constitucional ante la Asamblea, el Gabinete de Seguridad informó a la población que desde marzo pasado han sido decomisadas armas de fuego, municiones, drogas, vehículos y dinero producto actividades ilícitas, que estaban en poder de los grupos delincuenciales. También han reportado la captura de reconocidos cabecillas de grupos terroristas.
