El Salvador seguirá combatiendo a los grupos criminales, afirmaron ayer las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele, por lo que solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar otra prórroga de 30 días del régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 52,000 criminales.
La iniciativa del Ejecutivo recibió 65 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y de Jackeline López, diputada suplente de Carlos Reyes, disidente de ARENA.
Como en las anteriores solicitudes de prórroga, hubo 12 votos en contra de los diputados de la oposición política: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
La sexta extensión de la medida constitucional, vigente desde el 27 de marzo pasado, fue entregada al presidente del Congreso, Ernesto Castro, por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El Ejecutivo también presentó a la Asamblea iniciativas de reformas a la Ley especial de intervención a las telecomunicaciones, la Ley de telecomunicaciones y de la Ley contra el crimen organizado para combatir a los grupos terroristas y el crimen organizado.
«Ya no somos santuarios de los grupos terroristas. Los resultados son innegables. Vamos a traer a la Asamblea todas las iniciativas de reformas para garantizar que estos 52,000 terroristas que tenemos detenidos ya no regresen a sus comunidades», anunció Villatoro.
Explicó que dichas reformas recogen jurisprudencia de otros países que tienen en su ordenamiento jurídico medidas para combatir el terrorismo, por lo que restó valor a las críticas que las puedan adversar.
La enmienda a la Ley de intervención a las telecomunicaciones se solicita con el fin de fortalecer los procedimientos y las herramientas de persecución penal en la lucha contra el crimen en la obtención de prueba y su ofrecimiento en el proceso penal.
En tanto, la reforma a la Ley contra el crimen organizado es para ampliar el alcance conceptual de la definición de crimen organizado y unificar trámites de procesos penales a imputados por hechos delictivos, o que pertenecen a grupos terroristas o criminales.
Mientras que con la reforma a la Ley de telecomunicaciones se busca dotar a sus aplicadores de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia que usa la tecnología de información y comunicación.
Todas pasaron a la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa para su respectivo estudio.
El régimen de excepción está vigente desde el pasado 27 de marzo, tras una ola de asesinatos cometidos por las pandillas. La medida jurídica, avalada por la Constitución, ha dejado a los meses de julio y agosto de este año como los más seguros en la historia de El Salvador.
