El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con inspectores de la entidad y el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron ayer los precios del frijol, del maíz y de otros productos de la canasta básica en los mercados y las tiendas mayoristas de Santa Tecla, en La Libertad.
Estos operativos de verificación son parte de los esfuerzos del Gobierno para evitar las alzas injustificadas y sancionar a los propietarios de los negocios que incurran en esas acciones.
Lo que busca la Defensoría del Consumidor es garantizar a los salvadoreños el acceso a precios justos y a productos básicos de la cadena alimentaria.
La Defensoría del Consumidor va a aplicar todo el marco legal que la asiste. En este caso, estamos hablando de multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos para aquellos comerciantes que incrementen de manera injustificada los precios», manifestó Salazar.
El funcionario agregó que también se comenzarán acciones penales en contra de los comerciantes que ejecuten prácticas de especulación de precios.
Los casos los remitirá la Defensoría a la Fiscalía General de la República para que analice su presentación ante los juzgados de la jurisdicción respectiva.
Procesos
Hasta lo que va de octubre, se ha investigado a más de 290 empresas por irregularidades en la fijación de los precios.
Setenta casos se han presentado en el Tribunal Sancionador.
Cuarenta casos fueron admitidos y se están notificando las multas.
