El presupuesto general de la nación es una herramienta del Gobierno para cumplir con los proyectos que ha prometido y para funcionar correctamente. La Constitución de la República ordena que se presente a más tardar el 30 de septiembre de cada año para su debate y aprobación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se ha prestado para que la oposición presione al Ejecutivo.
Es tan decisivo que su aprobación incluso ha provocado la expulsión de los diputados que desafían la línea partidaria y votan a favor del plan de gastos del Gobierno, como le sucedió a Nicolás García, a quien el FMLN desterró por haber votado, primero, por la emisión de bonos que se requerían para financiar el presupuesto, y, después, por el proyecto como tal.
Ahora el presupuesto está siendo analizado en la comisión de hacienda de la Asamblea. Lo primero que han dicho los diputados, de diferentes partidos, es que tiene valoraciones demasiado optimistas de los ingresos del Estado. Es decir, sus análisis sobre la recuperación económica son tan pesimistas que no consideran válidas las proyecciones del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, las cuales son incluso superiores al estimado que en su momento publicó el Banco Central de Reserva (BCR).
En realidad, el nuevo presupuesto incluye una fuerte inversión en el área social —como salud y educación— y en la seguridad, un hito en los presupuestos nacionales. El cálculo político de la oposición parece que tiene como meta bloquear el funcionamiento del Gobierno Central para favorecer su propia campaña electoral.
Es muy fácil montar un discurso para denunciar el incumplimiento de las promesas del Gobierno y culpar también a los aliados del presidente de la república, Nayib Bukele, pero las consecuencias de frenar el desarrollo y la prosperidad también son grandes. Ese es un riesgo al que se someten los que consideran que el bloqueo es un camino que mejorará sus resultados en las urnas.
El presupuesto debe ser analizado de manera fría y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Un presupuesto a tiempo es una excelente señal para las calificadoras de riesgo, da certeza a los inversionistas extranjeros y es un importante motor para la dinamización de la economía local, que ha sido golpeada fuertemente por el confinamiento obligado debido a la pandemia de COVID-19.
