Peñate, de 54 años, reconoce que extraña el país y a toda su familia al ser cuestionado sobre la posibilidad de retornar a El Salvador.
«Siento un destello de esperanza de poder volver a mi país, por todo el esfuerzo que está haciendo el actual Gobierno para mejorar las condiciones de seguridad, laborales y de convivencia, porque sin seguridad, el país no podrá desarrollarse en lo económico ni en lo social», comentó.
Peñate vive junto a su hijo y ambos trabajan en mecánica automotriz. «Ahora tenemos un año completo para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses», reaccionó el 14 de septiembre el presidente de la república, Nayib Bukele, al fallo de la Corte.
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El 15 de octubre, el presidente Bukele destacó en una conferencia de prensa que la decisión de Trump de caducar el TPS de El Salvador ocurrió en enero de 2018, cuando gobernaba Salvador Sánchez Cerén, del partido FMLN, y este mantenía una gran cercanía con el Gobierno de Venezuela.
La embajadora designada en Washington D. C., Milena Mayorga, recordó que los salvadoreños son los únicos que tienen 365 días extra para poner todo en orden.
Mayorga detalló que al menos cinco de 10 salvadoreños de la diáspora, en general, desean retornar al país voluntariamente para retirarse o invertir, haciendo referencia a unestudio de la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (Cepal).
«Tanto en las encuestas como en los grupos de enfoque la mayoría de los encuestados reportó que sí le gustaría invertir en su país de origen», dice el documento. Tal es el caso de Benjamín Aguilar, de 66 años. El tepesiano ha planificado dedicarse a los negocios y la idea de regresar al país no le parece negativo.
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«El Salvador va en un buen ritmo de desarrollo, la violencia ha bajado un gran porcentaje y con un poco de recursos podemos colaborar en el crecimiento de nuestro país», contó Aguilar, que emigró de Tejutla, Chalatenango, en 2000.
Por su parte, Francisco Méndez (nombre ficticio), de 86 años, trabaja en un restaurante en Virginia, pero espera encontrarse con su familia en San Salvador, después de laborar 25 años en Estados Unidos. El octogenario se preparó y mandó a reparar su vivienda.
La abogada de Inmigración Yolanda Alcozer identificó tres grupos de personas amparadas en el TPS y sus posibles escenarios. El primer grupo es de los beneficiarios que estaban defendiendo su caso frente a un juez de inmigración y encontraron en el TPS su salida. El proceso tendrá que ser reanudado y revisado.
El segundo grupo es de personas que no contaban con un estatus. La abogada opina que el gobierno de Trump comenzará con el proceso de remoción.
El tercer grupo es de las personas con una orden de deportación, pero que fueron protegidas por el TPS, por lo que al terminar el programa la orden debe ser ejecutada.
