Zaira Navas, exfuncionaria de los gobiernos del FMLN y actual jefa de Estado de Derecho y Seguridad en la organización Cristosal, consideró en una entrevista en Mix de Medios que los capturados bajo el régimen de excepción deben estar libres porque no han tenido una audiencia donde se determine que son culpables.
Navas agregó que reconoce que «en El Salvador ha habido un avance en materia de percepción de seguridad», pero que le parece que el costo de dicha percepción es «enorme» porque implica que «miles de personas inocentes» estén detenidas y representan una gran carga para el Estado.
También afirmó que el 100 % de los detenidos bajo el régimen de excepción «son personas pobres». «Este régimen de excepción se caracteriza por haber capturado a miles de personas pobres. Las investigaciones que hemos hecho desde Cristosal, pero que también han hecho un sinnúmero de organizaciones, nos demuestran que el 100 % de las personas detenidas son gente que vive en pobreza o pobreza extrema», dijo.
Las autoridades de Seguridad han informado que más de 80,200 personas han sido capturadas bajo la estrategia del Plan Control Territorial, reforzado con el régimen de excepción, incluyendo a pandilleros y colaboradores, a quienes les han decomisado millones de dólares en bienes y efectivo, producto de actividades ilícitas como la extorsión, la venta de drogas, el lavado de dinero, la operación de comercios ilegales, entre otros.
Navas abogó por los pandilleros, asegurando que «este Gobierno no les garantiza su alimentación, no les garantiza su salud. De esas 80,500 personas, solo 1,300 aproximadamente son adolescentes, el resto ni siquiera ha ido a segunda audiencia. Significa que no se ha establecido que son culpables. A todas esas personas no se les ha hecho juicio y esto es bien grave. Ya llevan más de dos años detenidas», expresó.
La Asamblea Legislativa ha aprobado refuerzos presupuestarios para la alimentación en centros penales, así como reformas legales para que se desarrollen procesos judiciales vía remota a los integrantes de las estructuras criminales. Decenas ya fueron condenados. «Resolver los problemas de seguridad no es solo meter a la gente presa, porque además hay que hablar de cuánto le cuesta a El Salvador tener a ese montón de gente en la cárcel», afirmó Navas, cuyo discurso es secundado por organizaciones y partidos de oposición política.
