Panamá deportará en los próximos días a migrantes ecuatorianos que ingresaron al país por la selva del Darién, en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, informó ayer el presidente José Raúl Mulino.
Panamá deportó el martes en un vuelo chárter a 29 colombianos con antecedentes criminales que también entraron al país por el Darién, la inhóspita jungla en la frontera colombo-panameña convertida en corredor de migrantes rumbo a Estados Unidos, al aplicar por primera vez el acuerdo con Washington.
«El siguiente vuelo será a Ecuador», porque «la segunda nacionalidad con más gente allí [en el Darién] es ecuatoriana», dijo Mulino en su rueda de prensa semanal, sin precisar el día ni la cantidad de personas que serán deportadas o si tienen antecedentes penales.
Esta semana el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, asistió en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a una reunión regional de seguridad, donde habría informado a las autoridades locales sobre la próxima deportación de migrantes de ese país.
«El ministro Ábrego estuvo en estos días allá […] y me dará detalles hoy», dijo Mulino, quien suscribió el acuerdo migratorio con Estados Unidos el mismo día que asumió el poder, el 1 de julio.
Mediante el convenio, la Casa Blanca se comprometió a financiar con seis millones de dólares la deportación desde Panamá de migrantes que crucen el Darién.
«Progresivamente, iremos haciendo lo que corresponde [para contener el paso de migrantes por la selva], pero me anima ver que arrancamos el acuerdo con Estados Unidos», indicó Mulino.
Más de 520,000 personas cruzaron esa selva en 2023, dos tercios de ellos venezolanos, según cifras oficiales panameñas. Este año han hecho la peligrosa travesía más de 231,000, entre ellos 153,577 venezolanos, 14,598 ecuatorianos, 14,674 colombianos y 12,065 chinos.
En el balance de este jueves los colombianos superaron levemente la cifra de ecuatorianos.
Durante la campaña electoral, Mulino había prometido «cerrar» el Darién a la migración, pero una vez en el poder matizó esas declaraciones al afirmar que no planeaba hacer repatriaciones «a la fuerza» sino voluntarias, y deportaciones de personas que tuvieran unos antecedentes penales.
